Según un texto divulgado por el Tribunal Supremo Popular en el diario oficial Granma, las autoridades cubanas endurecieron las sanciones contra quienes comentan afectaciones al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Los responsables en la sustracción de componentes, piezas, medios, recursos, combustible y aceite dieléctrico de instalaciones vinculadas a la generación y distribución de electricidad, entre ellas parques fotovoltaicos y grupos electrógenos, serán procesados por el delito de sabotaje.
Esta figura, establecida en el artículo 125 del Código Penal y vigente desde 2022, contempla penas de entre siete y 15 años de privación de libertad para quienes dañen, alteren o interfieran en dichas instalaciones.
Si las acciones provocan consecuencias graves o si se emplean medios considerados peligrosos, la sanción puede elevarse a un rango de entre 10 y 30 años de prisión. Además, deja abierta la posibilidad de imponer privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte, una de las fórmulas más severas previstas por la legislación penal cubana.
Al justificar esta medida, el Estado cubano asegura que enfrenta un escenario complejo en el ámbito energético, que atribuye al “recrudecimiento del ilegal bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos”.
A la vez, sostiene que realiza “ingentes esfuerzos para garantizar la generación eléctrica”, un servicio que define como “necesario y sensible” y “clave para el bienestar ciudadano”.
El Tribunal Supremo Popular respalda esta interpretación con el dictamen 475, emitido en mayo de 2025. Ese criterio establece que cualquier afectación a infraestructuras críticas debe considerarse sabotaje.
Según la argumentación oficial, este delito busca proteger “el normal uso o funcionamiento de bienes públicos, la seguridad y estabilidad del Estado y sus instituciones”, lo que amplía el margen de aplicación de la norma en un contexto de alta tensión social por la crisis eléctrica.
El artículo 80 del Código Penal también permite apreciar agravantes en estos casos. Entre ellas figuran la participación como miembro de un grupo de tres o más personas, la intervención de menores de 18 años, el uso de medios que generen peligro común, el aprovechamiento de la nocturnidad, el lucro como móvil del delito y la comisión de los hechos bajo efectos de alcohol o drogas, si la persona se colocó en esa situación para delinquir.
A ello se suma el artículo 89, apartado 2, de la misma norma, que establece que los sancionados por este tipo de delitos podrían estar obligados a cumplir al menos dos tercios de la condena antes de que se evalúe la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional. Con ello, el castigo no solo se endurece en la sentencia, sino también en las condiciones para cualquier eventual excarcelación.
En la provincia de Granma, se reportaron recientemente dos casos vinculados al robo de cables eléctricos, en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura básica y el aumento de delitos relacionados con materiales de alto valor en el mercado informal.
Según información difundida en redes sociales oficiales y recogida por la página oficialista de Facebook Entérate con Aytana Alama, uno de los hechos ocurrió en la Escuela Formadora de Maestros de Manzanillo. Allí, un trabajador detectó a un individuo dentro de la institución cuando presuntamente intentaba sustraer cables eléctricos y avisó a las autoridades.
Al ser detenido, el sospechoso llevaba una mochila con herramientas como destornilladores, un cincel y llaves de mecánica. La policía lo arrestó e inició la investigación correspondiente.
El segundo caso tuvo lugar en el reparto Camilo Cienfuegos, en Bayamo, donde otro ciudadano fue detenido por robar unos seis metros de acometida eléctrica de una vivienda particular.
