El sistema sanitario de Antigua y Barbuda fue recientemente reforzado con 120 enfermeros procedentes de Ghana, informó a la prensa local el director general de Comunicaciones de la oficina del primer ministro, Maurice Merchant.
Este arribo ocurre luego de que un partido opositor anunciara el fin del convenio de la “cooperación médica” con Cuba. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de la isla caribeña no han reconocido oficialmente la cancelación del acuerdo que desde hace 25 años tenían con La Habana. Esta decisión sería el resultado de las presiones internacionales y las sanciones emitidas desde Washington.
Merchant aseguró a la prensa local que los profesionales ghaneses están “altamente calificados” y que su incorporación tendrá un “impacto positivo” en el sistema de salud del país, habitado por alrededor de 100.000 habitantes.
El funcionario ya había adelantado en diciembre la decisión de contratar personal extranjero fuera del esquema cubano, aunque sin confirmar entonces el alcance de la medida.
El opositor Partido Progresista Unido (UPP) aseguró en diciembre pasado que el gobierno había puesto fin al convenio con Cuba. Sin embargo, las autoridades han evitado hablar de cancelación y se han limitado a señalar que el acuerdo con La Habana está “sujeto a cambios”.
El UPP, pese a criticar la forma en que se cerró el programa, expresó entonces su “admiración y respeto” por los cientos de médicos y enfermeros cubanos que trabajaron en el país durante más de dos décadas.
En un comunicado, el partido agradeció también la formación recibida por personal local y elogió programas específicos como el de atención oftalmológica impulsado por Cuba.
El trasfondo del cambio está estrechamente vinculado a la presión de Estados Unidos sobre las llamadas “misiones médicas” de La Habana. El cierre del programa coincidió con la inclusión de Antigua y Barbuda en un travel ban de la administración de Donald Trump, que restringe parcialmente la entrada a EEUU de ciudadanos de 15 países por razones de seguridad nacional.
Durante meses, el primer ministro Gaston Browne, uno de los más firmes defensores de las brigadas médicas cubanas en la región, negó que existiera explotación laboral. En marzo del año pasado llegó a calificar a la Brigada Médica Cubana como “el núcleo” del sistema de salud y advirtió que su retirada podría desmantelar la infraestructura sanitaria.
El 25 de febrero, el Departamento de Estado de EEUU anunció la revocación de visas a funcionarios extranjeros implicados en la contratación indirecta de personal cubano.
Un mes después, el secretario de Estado Marco Rubio fue más allá y afirmó que estas brigadas “básicamente operan como trabajo forzoso”, al denunciar que el régimen cubano controla los salarios, retiene pasaportes y decide unilateralmente las condiciones de los sanitarios.
Diversas investigaciones han documentado que La Habana se apropia de entre el 50% y el 94% de los ingresos generados por sus profesionales en el exterior. Según datos oficiales, más de 24.500 trabajadores de la salud cubanos operan en 56 países, generando ingresos anuales cercanos a los 4.800 millones de dólares, de los cuales menos del 2% se reinvierte en el sistema de salud de la Isla.
Otros Estados del Caribe ya evalúan pasos similares. Jamaica anunció en marzo de 2025 la revisión de su memorando con Cuba, mientras Bahamas informó en junio que se preparaba para cancelar contratos.
