Denis Paredes Matos, un cubano de 32 años residente en Hialeah, fue arrestado el lunes por la policía de Medley tras ser vinculado a un esquema de fraude, relacionado con un intento de robo de cientos de libras de langosta de un negocio local.
El fraude comenzó el pasado jueves, cuando un hombre identificado como “Aldofo”, a quien nunca había conocido el dueño de Tarpon Bay Corporation, un mayorista de mariscos en Medley, realizó un pedido de 4.500 dólares por 100 libras de langosta.
Paredes Matos fue enviado a recoger el producto el viernes, después de que se procesara un pago con tarjeta de crédito. Una hora después, “Aldofo” hizo otro pedido por 600 libras de langosta, valorado en unos 15.000 USD.
Para este segundo pago, el cliente pidió que el pago fuera dividido en varias tarjetas de crédito. Según el informe policial, varias de estas tarjetas fueron rechazadas, pero finalmente dos transacciones fueron aprobadas: una por aproximadamente 10.900 USD y otra por 4.000 USD.
Paredes Matos regresó a recoger la langosta, pero el propietario de Tarpon Bay fue informado el domingo por el banco de la compañía de que los pagos nunca se procesaron correctamente.
El lunes, “Aldofo” hizo otro pedido de 270 kilos de langosta. Sin embargo, el dueño de Tarpon Bay contactó a la policía de Medley, que esperaba a Paredes Matos. En su declaración, aseguró que estaba cumpliendo con un pedido de un hombre llamado Luis Ramón Díaz, quien supuestamente lo había contratado mientras trabajaba como conductor de Uber.
Según Matos, Díaz le había prometido 500 USD por cada entrega realizada. La policía arrestó a Paredes Matos por un cargo de esquema organizado para defraudar y lo trasladó al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde quedó detenido con una fianza de 2.500 USD.
El cubano estaba bajo una orden de detención migratoria. Por el momento, no se ha encontrado a ninguna persona bajo el nombre de Luis Ramón Díaz, lo que deja abierta la posibilidad de sea una figura ficticia o un alias en este fraude.
En Florida, la sanción por un esquema organizado para defraudar depende del monto total defraudado, clasificándose como delito grave de primer, segundo o tercer grado, con penas que van desde hasta 5 años de prisión por fraudes menores de 20.000 USD, hasta 30 años de prisión y multas de hasta $10.000 por fraudes mayores a 50.000 USD.
Las personas encontradas culpables de dicho delito también tienen la obligación de pagar restitución a las víctimas. Asimismo, según el caso, se pueden hacer acreedoras a multas adicionales.
