Mailyn Gondre LaO, una joven madre del reparto El Carmen, en la zona de Mar Verde, Santiago de Cuba, fue detenida recientemente por participar en una protesta comunitaria motivada por la escasez prolongada de agua y electricidad, según denunció el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada.
Gondre LaO, de 30 años, es madre de tres niños pequeños y vive junto a ellos y a su madre enferma en una vivienda seriamente deteriorada. De acuerdo con testimonios de vecinos, parte del techo se ha desplomado y los menores duermen sin colchones, situación que llevó a la joven a un estado de desesperación.
Mayeta informó que funcionarios locales comunicaron que a la mujer “le llevarían aseo” y mencionaron la posibilidad de su traslado al Centro de Operaciones de Versalles, sin ofrecer detalles sobre las razones de su arresto.
La comunidad manifestó preocupación por el futuro inmediato de los tres niños y de la anciana a su cuidado, quienes quedaron desamparados tras la detención. Esta joven madre no cometió ningún delito; simplemente ejerció su derecho a manifestarse, exigiendo las condiciones mínimas para una vida digna.
Mailyn es la segunda persona detenida por la protesta en El Carmen. Los vecinos temen que estas acciones represivas se multipliquen contra quienes se atrevan a reclamar servicios esenciales.
El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en la provincia. En octubre, el pediatra Erlis Sierra Gómez fue trasladado esposado desde Contramaestre a Santiago de Cuba tras su arresto durante una ola de protestas conocida como el “cacerolazo” de Baire. Días después, su madre, Ania Gómez Leiva, también fue detenida tras difundir un video exigiendo la liberación de su hijo.
Tras el paso del huracán Melissa, las protestas se han intensificado en Santiago de Cuba, donde la población acumula problemas sin resolver, especialmente la falta de agua y electricidad, servicios cuyo restablecimiento sigue siendo incierto.
En medio de la grave crisis que enfrenta la región oriental, los habitantes también han denunciado prácticas corruptas por parte de funcionarios locales, quienes deberían estar gestionando la recuperación y no aprovechándose de ella.
Residentes de varios barrios aseguran que se les ha exigido el pago de 15.000 pesos para reconectar el tendido eléctrico y que las brigadas técnicas atiendan los daños provocados por el ciclón.
A esto se suma la denuncia de que algunos funcionarios estarían solicitando 500 pesos por servicios de fumigación, pese al evidente riesgo epidemiológico derivado de los charcos, escombros y residuos que dejó la tormenta.
