“Asesinato financiero”: nueva estrategia de Trump para obligar a los migrantes a salir del país

Al aparecer, en esta lista, los migrantes pierden acceso inmediato a servicios financieros esenciales como cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios federales. (Foto © Periódico Cubano)

La administración del presidente Donald Trump puso en marcha una polémica estrategia para obligar a aproximadamente 1.4 millones de migrantes legales a abandonar Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó la táctica, denominada por expertos como un “asesinato financiero”, cuyo objetivo es revocar los números de Seguro Social (SSA) para acorralarlos económicamente y forzarlos a autodeportarse.

Esta controvertida acción se reveló recientemente tras investigaciones de The New York Times y confirmaciones hechas por Noticias Telemundo. La medida afecta directamente a migrantes que ingresaron al país mediante programas legales como el parole humanitario y los permisos de entrada que se otorgaban mediante citas en la aplicación CBP One. La mayoría de ellos provienen de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Se estima que en un primer momento se actuó contra más de 6.300 migrantes al ser incorporados al “death master file”, un archivo reservado tradicionalmente para personas fallecidas dentro del SSA.

Al aparecer, en esta lista, los migrantes pierden acceso inmediato a servicios financieros esenciales como cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios federales. Ante la imposibilidad de hacer una vida normal dentro de EEUU, la administración espera que opten por la autodeportación.

Leland Dudek, comisionado interino del Seguro Social, admitió que el objetivo principal es cortar completamente la vida financiera de estas personas para presionarlas indirectamente a salir del país. Esta medida, aseguran analistas, podría ampliarse pronto a otros grupos migratorios sin autorización legal.

Seguro Social en EEUU paga millones a personas fallecidas, según denuncia Elon Musk – https://t.co/bF2AS6DXHJ

— Jesús Miguel Medina (@nightniebla1) April 11, 2025

Este uso político del Seguro Social podría enfrentar serios desafíos legales, según expertos en privacidad y exfuncionarios gubernamentales. La agencia está legalmente obligada a mantener absoluta confidencialidad y precisión en sus datos, destinándolos únicamente a funciones internas relacionadas con sus programas oficiales.

Martin O’Malley, excomisionado del SSA durante la administración Biden, calificó públicamente la iniciativa como un “asesinato financiero”, alertando sobre los peligros de usar datos personales sensibles para objetivos políticos.

A esto se suma un polémico acuerdo firmado en febrero entre el SSA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autorizando compartir direcciones recientes de aproximadamente 98.000 migrantes. Este convenio rompe décadas de confidencialidad y genera preocupación sobre posibles abusos y violaciones masivas a la privacidad.

Uno de los puntos más alarmantes revelados por fuentes gubernamentales es la inclusión de menores de edad en esta lista. Dentro de los 6.300 afectados inicialmente por la medida, figura un niño de apenas 13 años, junto con otros siete menores. Alrededor de mil migrantes afectados habían recibido previamente beneficios federales como Medicaid y subsidios de desempleo por un total aproximado de 600.000 dólares.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Elizabeth Huston defendió la medida, destacando que Trump cumple su promesa electoral de impulsar deportaciones masivas. Según Huston, al eliminar el incentivo económico, se busca persuadir a los inmigrantes a abandonar el país voluntariamente.