Autoridades de Trinidad denuncian “violaciones urbanísticas”

La prensa oficialista espirituana se hace eco en un extenso artículo de las violaciones urbanísticas que se han producido ante los ojos de las autoridades del municipio de Trinidad y ahora quieren erradicar afectando a más de medio millar de familias.

“Levantados a base de tablas o de sus recortes, incluso con bloques de hormigón, pero sin permiso o asesoría técnica alguna, esos barrios o grupos más pequeños de viviendas que en los registros rezan como focos (los primeros agrupan 50 o más; los segundos, menos de esa cifra), palpitan al margen de la legalidad”, comienza diciendo la publicación.

El asunto de la vivienda en Cuba es un tema muy candente por el lento desarrollo inmobiliario que desespera a los cubanos, quienes ante la necesidad de un techo bajo el cual vivir hacen una casa como quiera y en dondequiera.

Las propias palabras del vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende las Construcciones, Noel Carballo González, expresan lo preocupante del asunto cuando reconoce: “El origen de todo esto es la necesidad de vivienda, quizás el único problema no resuelto de todos los expuestos por Fidel en el programa del Moncada, tal y como nos lo recuerda el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés en algunos encuentros”.

Pero la “ilegalidad” fue permitida por las propias instituciones gubernamentales pues al decir del funcionario: “Como regla, en el caso de los barrios tienen todo lo que se necesita para legalizarse: contador de electricidad, servicio de agua, disposición final de los residuales, cambio de dirección y libreta de consumidores”.

Pese a las acciones, no fue hasta el 27 de mayo del presente año que entró en vigor el Acuerdo No. 8574 del propio Consejo de Ministros, del que se deriva un proceso de ordenamiento y legalización de todas las viviendas que no violan las regulaciones urbanas territoriales, por lo que no se contraponen a los planes de ordenamiento territorial.

Atendiendo al Acuerdo No. 8574 del Consejo de Ministros, donde se da una orden de reordenar este tipo de situación, ahora se enfrenta la difícil tarea de que “hay viviendas que será necesario reubicar, pero otras ya identificadas se quedarán”.

¿Que dicen los afectados?

Lorenzo Yasmani López Hernández, joven habitante de un caserío “ilegal” que incluye 27 viviendas comenta: “Yo fui inspector de la vivienda primero e inspector integral después, me he documentado por la televisión y he estado indagando. Tengo tres hijos, necesitaba tener lo mío y mi mamá me cedió su patio. Pero ni la casa de ella, que empezó con ayuda estatal hace ya 11 años, se ha podido legalizar, aunque ambas cuentan con las condiciones que se exigen”.

Con información de Escambray