La empresa de bebidas alcohólicas, Bacardí, de origen cubano y establecida en Bermudas desde 1965, exige su derecho a la justicia por la confiscación de sus propiedades en Cuba en 1960, a través del gobierno de Fidel Castro.
La empresa declaró que: “Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en confiscación ilegal sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas”.
Luego de que la administración de Donald Trump permitiera la entrada en vigencia de la sección del Título III de la Ley Helms-Burton, que inició este mes y permite las sanciones contra Cuba, la protección de los derechos de propiedad en la isla y crea la oportunidad para demandar a los que “trafican” con las propiedades confiscadas a raíz del triunfo de la Revolución.
A su vez, el departamento de Estado planea permitir que el Título III de la ley entre en vigencia con una “excepción parcial” para proteger a empresas estadounidenses y a algunos aliados estadounidenses.
Mientras que Mike Pompeo indicó que el título III de la ley se mantendrá suspendido por un mes más, Mahesh Madhavan, CEO de Bacardí, declaró a The Royal Gazette que esperaba que la sede global de Bacardí permaneciera en las Bermudas durante los próximos “500 años” y que “Bermuda es nuestro hogar ahora”.
Esta nueva medida del gobierno estadounidense llega a manera de represalia, ante el apoyo que Cuba ha demostrado al presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Con Información de Ciber Cuba