El Consejo de Estado de Cuba aprobó recientemente el Decreto-Ley 115 sobre la Educación Financiera y publicó las normativas en la Gaceta Oficial del 26 de enero de 2026.
Periódico Cubano consultó el documento, donde se le otorgan facultades al Banco Central de Cuba (BCC) para que asuma las tareas de enseñanza financiera. La orden ha generado críticas, pues esas funciones deberían estar en manos del Ministerio de Educación.
El Decreto-Ley establece una estructura jurídica para implementar la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que involucra tanto a individuos como a entidades jurídicas en el proceso educativo.
La normativa delega al BCC la responsabilidad de coordinar la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Para ello, le encarga promover la inclusión financiera, mientras protege los derechos de los consumidores de productos financieros. Esta tarea se realiza bajo la supervisión de un Comité Estratégico, un Grupo Líder y un Comité Técnico, los cuales se encargarán de garantizar el éxito y la sostenibilidad del programa.
El Decreto-Ley establece que los programas de educación financiera serán accesibles y sostenibles, y deberán atender a todas las clases sociales sin excluir a ningún grupo de la población. Los cursos y actividades se ofrecerán en modalidades presenciales, virtuales y mixtas, para asegurar que todos los cubanos tengan acceso al conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre productos financieros.
1/3 La burocracia estatal cubana anda en modo presuntuoso. Con la que está cayendo, se inventan una nueva “Estrategia Nacional de Educación Financiera”, arman un tinglado con Comité Estratégico, Grupo Líder y Comité Técnico, y recargan un ineficaz Banco Central con más funciones pic.twitter.com/xRswlicDHS
— Pedro Monreal (@pmmonreal) January 26, 2026
Críticas a la decisión publicada en la Gaceta Oficial
El economista cubano Pedro Monreal ha criticado la decisión de recargar al Banco Central con una tarea educativa, argumentando que la institución ha demostrado ser incapaz de cumplir con su función principal: sostener la estabilidad del poder adquisitivo del peso cubano.
Monreal señala que la educación financiera debería ser responsabilidad de entidades educativas especializadas, no de un organismo económico con tantas funciones ya asignadas.
El Decreto-Ley sobre educación financiera fue aprobado en un momento crítico para la economía cubana, cuando la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra y la Ley de Empresas siguen siendo pospuestas. En este contexto, algunos críticos consideran que la nueva estrategia carece de urgencia y relevancia, y que el esfuerzo podría estar mal enfocado, dada la situación económica y social que atraviesa la isla.
El Decreto-Ley 115 entrará en vigor a los 30 días de su publicación, y el Banco Central de Cuba, junto con los demás organismos responsables, deberá rendir cuentas para asegurar la correcta implementación de la estrategia.
