Dos grupos de inversionistas respaldados por capital estadounidense compiten por adquirir el 55% de Sherritt International, la compañía canadiense vinculada a la explotación de níquel y cobalto en Moa, Holguín.
La operación podría colocar por primera vez en más de seis décadas a una empresa controlada desde Estados Unidos detrás de una de las principales industrias estratégicas de Cuba.
La pugna, revelada por el Miami Herald, ocurre mientras Sherritt atraviesa una grave crisis financiera y operativa provocada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. A la incertidumbre se añaden reclamaciones sobre propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en 1960.
Aunque la compra del 55% otorgaría el control corporativo de Sherritt, no equivaldría a adquirir directamente las minas. La compañía canadiense posee solo la mitad de la empresa conjunta Moa Nickel, compartida con la estatal cubana General Nickel Company.
Por tanto, el comprador tendría una participación económica indirecta aproximada del 27,5% en la operación minera, además de capacidad para dirigir las decisiones de Sherritt.
Exasesor de Trump quiere entrar en Cuba
La primera propuesta procede de Gillon Capital, una firma de inversiones de Texas vinculada al empresario Ray Washburne, importante recaudador republicano y antiguo responsable de la agencia estadounidense de financiamiento para el desarrollo durante el primer mandato de Donald Trump.
Sherritt anunció en mayo un acuerdo preliminar y no vinculante que permitiría a Gillon adquirir acciones suficientes para controlar el 55% de la empresa. El precio se negociaría posteriormente y podría situarse por debajo de la cotización que tenían los títulos el 15 de mayo.
Las partes cuentan con un periodo de exclusividad de 120 días, aunque el acuerdo definitivo todavía depende de varias autorizaciones regulatorias. Sherritt reconoció que cualquier transacción necesitará la aprobación de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.
La oferta rival fue presentada el 26 de junio, pero se hizo pública el 10 de agosto. El consorcio reúne a la gestora británica Kyma Capital, al inversionista Trifon Natsis, al gigante de materias primas Glencore y a un importante inversionista estadounidense cuya identidad no ha sido revelada.
Este grupo propone aportar capital a un precio de 0,12 dólares canadienses por acción mediante una sociedad domiciliada en Estados Unidos, que controlaría al menos el 55% de Sherritt. También promete permitir la participación parcial de los actuales accionistas y estabilizar la complicada estructura financiera de la minera.
El consorcio asegura que su propuesta está financiada, pero sigue siendo no vinculante.
Sanciones a GAESA golpean al negocio del níquel
La disputa comenzó después de que la Administración Trump ampliara en mayo de 2026 las sanciones contra empresas extranjeras relacionadas con los sectores minero y energético de Cuba. Washington también sancionó directamente a Moa Nickel, acusándola de generar recursos para el gobierno cubano.
Sherritt suspendió entonces su participación directa en las empresas conjuntas, retiró trabajadores extranjeros y advirtió sobre posibles dificultades para conservar servicios bancarios, financieros y de auditoría.
La compañía señaló además que su inventario de materias primas permitiría mantener temporalmente la producción en la refinería de Fort Saskatchewan, Alberta, pero esa instalación terminó paralizándose en junio por falta de suministros procedentes de Cuba.
La refinería tiene especial valor estratégico: es la única instalación importante de procesamiento de cobalto y una de las tres dedicadas al níquel en América del Norte, según la propia Sherritt. Ambos minerales son fundamentales para baterías, vehículos eléctricos, industrias tecnológicas y determinadas aplicaciones militares, en momentos en que Estados Unidos y Canadá intentan reducir su dependencia de cadenas de suministro controladas por China.
Confiscaciones y demandas
El mayor obstáculo podría encontrarse en las nacionalizaciones ejecutadas por el gobierno cubano. La Moa Bay Mining Company, entonces controlada por Freeport Sulphur, perdió sus concesiones, instalaciones y equipos cuando fueron intervenidos el 19 de agosto de 1960.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos certificó posteriormente una pérdida de 88,349 millones de dólares, más un interés anual del 6% desde la fecha de la confiscación hasta un eventual pago. El expediente oficial describe las concesiones mineras, la planta y las reservas de níquel y cobalto afectadas.
A ese conflicto se suma una demanda presentada en julio por Cuban Electric Company contra la Unión Eléctrica de Cuba y Energas, empresa en la que Sherritt posee un tercio. La reclamación original alcanza los 267,6 millones de dólares, sin contar décadas de intereses.
William Pitt, un ingeniero jubilado residente en Miami, también sostiene que Sherritt habría explotado terrenos mineros pertenecientes a su familia y ya advirtió a Gillon Capital sobre una posible demanda.
La entrada de capital estadounidense podría salvar a Sherritt y asegurar una fuente estratégica de minerales. Sin embargo, antes de llegar a las minas de Moa, el eventual ganador deberá superar sanciones, reclamaciones históricas, negociaciones con La Habana y el permiso final de Washington.
