Las bodegas del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) en Isla de la Juventud comenzaron a vender una sola libra de frijol controlada por la libreta de racionamiento. Según un reportaje emitido por la televisión oficialista, la estrategia forma parte de un esquema diseñado para eliminar los intermediarios y llevar el grano directamente desde los campos de cultivo a las bodegas.
Sin embargo, el precio de 280 pesos cubanos (CUP) por libra sigue siendo muy elevado y viola las propias reglas establecidas por el régimen comunista en una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios. La normativa dictada en marzo de 2025 establecía 196 CUP como precio topado para una libra de frijol.
La tarifa ha sido criticada por su alta discrepancia con los salarios promedio en Cuba, que rondan los 2.100 CUP al mes, dejando a los cubanos con un poder adquisitivo muy limitado.
La empresa estatal ACOPIO recogió los granos de los productores y los distribuyó de forma directa a las bodegas de Isla de la Juventud, un municipio especial con apenas 80.000 habitantes.
De acuerdo con los productores locales, como Genito Delgado, este sistema ha sido beneficioso. “Es un orgullo ver cómo la cosecha llega a las bodegas de lugares tan distantes como El Tronco, La Mina, Malís y La Comunidad”, expresó.
En el contexto de una inflación creciente y una crisis económica generalizada, muchos economistas sostienen que los problemas estructurales de la economía cubana, como la escasez de productos y los altos costos de producción, no pueden resolverse simplemente con la imposición de precios topados.
El hecho de que el gobierno recurra a medidas como esta, que han fracasado en el pasado, genera dudas sobre su efectividad a largo plazo. De hecho, el propio gobierno es el primero en irrespetar sus propias leyes.
Cuba atraviesa una crisis agropecuaria sin precedentes, con consecuencias devastadoras para su seguridad alimentaria. Entre 2024 y 2025, las importaciones de alimentos representan entre el 80% y el 90% de lo consumido, lo que equivale a un gasto anual de 2.000 millones de dólares, dinero que el régimen castrista dice no tener.
La producción interna ha caído drásticamente, con una reducción del 50% en la producción de azúcar (de 8 millones de toneladas en 1970 a solo 300.000 toneladas en 2025), una disminución del 70% en la carne y una caída del 40% en la producción de arroz.
Estas caídas son consecuencia de la escasa inversión en el sector agropecuario, que representa solo entre el 1.3% y el 2% de la inversión total del país. Además, el control estatal sobre la producción agrícola, con el monopolio de Acopio y una infraestructura logística deficiente, ha contribuido a la falta de incentivos para los productores. Solo el 21% de la tierra es de propiedad privada, pero estos pequeños productores generan el 80% de la producción.
La despoblación rural, con 70.000 personas que abandonaron el campo entre 2020 y 2024, junto con los bajos salarios de 8 dólares mensuales, agrava aún más la crisis.
