La sala de audiencias del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, comandada por el juez federal Drew Tipton vivió el pasado viernes la segunda jornada del juicio sobre el parole humanitario, donde una veintena de estados republicanos exigen su finalización.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa, conformada por abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se centró en responder la pregunta del juez sobre si vivir en situación de pobreza es el único requisito para otorgar la visa humanitaria a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Al mismo tiempo, los demandantes fueron cuestionados por sus alegatos de pérdidas económicas que no coinciden con datos duros. Sin embargo, la buena noticia es que el juez no emitió una suspensión temporal del parole en lo que toma la decisión final.
¿Puede la pobreza ser el pasaporte directo hacia el programa migratorio de la administración de Joe Biden? Preguntó el juez a la defensa tras escuchar los cuestionamientos de los estados republicanos que demandan el fin del programa, pues también lo consideran masivo.
En ese sentido, los representantes de las fiscalías de los estados republicanos dicen que el gran número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando dichos permisos en masa y no caso por caso, como exige la ley.
Ante los cuestionamientos, Elisa Fudin, abogada del Departamento de Justicia que está defendiendo a la administración Biden, dijo que no se trata de una aprobación masiva y que cada caso se evalúa de manera individual.
Además, señaló que se ha rechazado a personas que habían llegado a la fase final del proceso después de llegar a los Estados Unidos. No obstante, no se dio a conocer ninguna cifra sobre el número de rechazos. Además, ellos dijeron que el programa también ayudó a reducir la presión sobre los recursos y los agentes fronterizos en la línea divisoria entre Estados Unidos y México.
Otro asunto donde el juez hizo hincapié fue en pedir a los demandantes pruebas sobre las afectaciones millonarias que dicen enfrentar por la llegada masiva de migrantes a sus territorios como parte del programa parole que en 10 meses ha otorgado más de 200 mil permisos de entrada a EEUU.
Tipton apuntó que en los últimos seis meses los estados republicanos han gastado menos en personas de esos países. “¿Cómo es posible que ustedes aleguen que tienen más pérdidas financieras si los datos muestran que el programa de parole ha reducido realmente el número de migrantes que llegan a los Estados Unidos?”
La gran incógnita que pesa sobre todos es el fallo del juez. Aunque no emitió una orden temporal que suspendiera el programa, tampoco se pronunció sobre su legalidad. La decisión final, que podría tardar meses en ser anunciada, tendrá un impacto significativo en el destino de miles de inmigrantes y el rumbo de la política migratoria de Biden.
