Una alianza de organizaciones progresistas impulsa en Florida una enmienda constitucional para frenar los aumentos del alquiler y someterla a votación en 2028. La propuesta establece un límite anual del 3% o del porcentaje de inflación, el menor de ambos, para reducir la presión económica sobre los inquilinos.
Según informó WLRN, Florida Rising, Miami Workers Center y Community Justice Project promueven la campaña Floridians for Fair Rent y tramitan esta semana su presentación ante la División de Elecciones. El proyecto todavía debe superar la revisión administrativa y reunir las firmas necesarias para aspirar a la papeleta.
Qué propietarios quedarían sujetos al límite del alquiler
La regulación propuesta abarcaría a empresas con grandes carteras de viviendas destinadas al arrendamiento. Los pequeños propietarios particulares quedarían excluidos. Para los cubanos que rentan en Hialeah, Kendall y otras comunidades de Miami-Dade, cualquier posible beneficio dependería del arrendador y de la aprobación de la iniciativa.
El planteamiento tampoco implica una rebaja inmediata de los contratos vigentes. Su propósito es restringir futuros incrementos. Los promotores calculan que, si desde 2020 hubiera regido un techo del 3%, el arrendatario promedio desembolsaría unos 470 dólares menos cada mes. Esa cifra constituye una estimación de la campaña.
Los datos citados ilustran el peso de la vivienda sobre los presupuestos familiares. El informe “America’s Rental Housing 2026”, de Harvard, sitúa en el 59% la proporción de inquilinos de Florida con sobrecarga de gastos. En Miami-Dade, el 61% dedica al alquiler más del 30% de sus ingresos.
Durante septiembre de 2026, la renta mensual promedio del condado llegó a 2.669 dólares, frente a un ingreso individual medio cercano a 39.000 dólares anuales. Además, alrededor de 800.000 floridanos destinan más de la mitad de los ingresos de sus hogares a pagar el arrendamiento.
Las barreras para llegar a las elecciones de 2028
La campaña enfrenta una exigencia decisiva: reunir 891.589 firmas verificadas, con distribución en al menos 14 de los 27 distritos congresionales, antes de febrero de 2028. Después necesitaría el respaldo de un mínimo del 60% de los votantes.
Los organizadores recurren a la reforma constitucional porque la Legislatura prohibió en 2023 los controles municipales y condales sobre las rentas. El antecedente de Orange County, donde una propuesta recibió el 59% de apoyo electoral, terminó bloqueado tras la oposición judicial de asociaciones inmobiliarias.
La recogida también afronta las restricciones de la ley HB 1205. La campaña utilizará solicitudes postales para facilitar la participación. Sus responsables esperan la aprobación administrativa en enero y buscan alcanzar antes 100.000 inscripciones para enviar los formularios a los domicilios.
