El canciller castrista, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a la administración de Donald Trump de enviar mensajes “contradictorios” con el objetivo de sembrar la confusión sobre Cuba mientras Washington mantiene restricciones que, según La Habana, buscan impedir el suministro de combustible a la Isla.
La denuncia, publicada en la red social X del máximo representante de la diplomacia comunista, asegura que la política energética de Estados Unidos no solo afecta a Cuba, sino que también presiona a terceros países y empresas para obstaculizar operaciones comerciales con La Habana.
El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el cerco energético “internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial”. En su mensaje, afirmó que Washington utiliza mecanismos de “intimidación, presión y extorsión” contra actores que comercian con Cuba, pese a que, según defendió, se trata de vínculos soberanos entre naciones y empresas.
En esa línea, el canciller reafirmó que Cuba tiene “pleno derecho” a comerciar con cualquier nación sin obstáculos externos. Sin embargo, olvidó mencionar que el régimen castrista tiene una deuda multimillonaria con sus acreedores y que no paga. Por eso no puede acudir al mercado internacional y depende de aliados que le siguen suministrando gratis, como México y Rusia.
El señalamiento ocurre en un contexto marcado por decisiones dispares de Trump en 2026. Desde enero, la administración republicana impulsó un bloqueo petrolero total y presionó a aliados como México para cortar envíos a Cuba. Desde finales del año pasado, con la presencia naval en Venezuela, EEUU impide la llegada a Cuba de crudo venezolano.
Sin embargo, en marzo Trump permitió la llegada de un petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo, equivalentes a 100.000 toneladas. El presidente de EEUU dijo entonces que no tenía problema con esa operación y que los cubanos “tienen que sobrevivir”, una autorización que dio al régimen entre dos y cuatro semanas de alivio en medio de la escasez.
A la vez, el régimen cubano autorizó a Mipymes privadas a importar combustible desde EEUU y otros países mediante contenedores en isotanques de 24.000 litros. La mayor parte llega desde el sur de la Florida.
Esa vía ha sido presentada como una fórmula para sortear sanciones, pero también ha generado críticas porque muchas de esas empresas privadas estarían vinculadas a Gaesa, a familiares del poder o a estructuras asociadas al aparato estatal.
Exiliados y analistas consideran que ahí radica la mayor inconsistencia. Mientras Washington anuncia presión contra el aparato estatal cubano, termina permitiendo esquemas que, en la práctica, alivian la supervivencia del sistema.
Esa sospecha tomó fuerza tras la filtración de contratos oficiales entre Mipymes importadoras de combustible y entidades estatales como Cupet y Cimex, esta última administrada por Gaesa. Periódico Cubano, con la colaboración del youtuber e investigador Darwin Santana, tuvo acceso a varios de esos documentos.
Según los contratos, la Mipyme mantiene la titularidad formal del combustible, pero la operación real queda bajo control estatal desde la llegada del isotanque al puerto. La custodia, el transporte, el almacenamiento, la dispensación final y parte del circuito de cobro pasan por empresas del régimen.
Más que una cadena privada autónoma, los documentos muestran la inserción del combustible importado dentro de la infraestructura del poder castrista.
