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Canciller cubano Bruno Rodríguez reacciona a sanciones de EEUU: “Criminal”

Las autoridades cubanas atribuyen las dificultades al embargo y a las sanciones de EEUU, mientras acaparan los recursos del país
El canciller cubano Bruno Rodríguez en una conferencia de prensa
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Washington de querer frenar la sesión convocada. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este lunes las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra varias entidades estatales de la isla y acusó a Washington de mantener una política destinada a aumentar la presión sobre el Gobierno cubano.

La reacción se produjo horas después de que la administración del presidente Donald Trump anunciara un nuevo paquete de restricciones dirigido a organismos vinculados con la estructura política, económica y de seguridad del régimen.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el canciller aseguró que “el gobierno de EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento”.

También calificó las medidas como una “manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país”.

Rodríguez concluyó su publicación con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza y el mensaje “El embargo sí”, una consigna utilizada de forma recurrente por el Gobierno cubano para responsabilizar a las sanciones estadounidenses de la situación económica que enfrenta la isla.

Las nuevas restricciones fueron anunciadas por el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Entre las entidades sancionadas figuran las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio de Turismo (MINTUR) y las empresas estatales COREYDAN S.A. y ENETEC S.A., además de otras compañías vinculadas al aparato económico del Estado.

El paquete forma parte de la estrategia de presión que la administración Trump ha reforzado durante 2026. Semanas antes ya habían sido sancionadas varias entidades relacionadas con el conglomerado militar GAESA.

También se sancionó a organismos como el Ministerio del Interior (MININT), el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la empresa estatal CUPET y el gobernante Miguel Díaz-Canel, entre otros funcionarios e instituciones.

Las medidas anunciadas este 13 de julio llegaron pocos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. En esa fecha, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró el respaldo de Washington a los ciudadanos cubanos y aseguró que la política de presión contra el régimen continuará.

Paralelamente, el Senado estadounidense impulsó una resolución con varias demandas dirigidas al Gobierno de La Habana relacionadas con derechos humanos y libertades fundamentales.

La respuesta de Bruno Rodríguez mantiene la misma línea que ha seguido el Ejecutivo cubano frente a anteriores rondas de sanciones.

En junio, tras las restricciones impuestas contra empresas vinculadas a GAESA, calificó la decisión como un “acto de guerra” y lanzó críticas contra Marco Rubio. Días después reiteró que al Gobierno cubano “no nos interesa la opinión de los EEUU” y volvió a cuestionar la política estadounidense durante una sesión celebrada en Naciones Unidas.

El intercambio diplomático ocurre mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética. En los últimos meses, los apagones diarios de varias horas, dificultades para conseguir combustible, afectaciones al transporte público y problemas en el abastecimiento de alimentos y medicamentos han aumentado.

Las interrupciones del servicio eléctrico han empeorado al punto de dejar sin energía provincias completas por días enteros.

En ese contexto, las autoridades cubanas continúan atribuyendo buena parte de las dificultades al embargo y a las sanciones de EEUU, mientras Washington sostiene que sus medidas están dirigidas contra instituciones y funcionarios del régimen, no contra la población.

La nueva ronda de restricciones amplía la presión sobre organismos considerados estratégicos para el funcionamiento del aparato estatal y mantiene abiertas las diferencias entre ambos gobiernos.

 

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