
Un hombre acusado de estafar a trabajadores del sector privado fue detenido recientemente en La Habana, luego de hacerse pasar por funcionario público que imponía multas si no le pagaban un soborno.
Según información difundida en redes por Guillermo Rodríguez, el individuo simulaba ser inspector estatal de Higiene y Epidemiología del municipio de Plaza de la Revolución y se dedicaba a recorrer La Habana “inspeccionando” MiPymes y exigiendo pagos bajo el argumento de sanciones administrativas de alto valor.
El objetivo era obtener dinero a partir del miedo a una sanción oficial. La maniobra, siempre de acuerdo con el reporte, buscaba aprovechar la vulnerabilidad de quienes operan pequeños emprendimientos y suelen estar expuestos a inspecciones, controles y multas.
Por su aspecto, varios emprendedores comenzaron a sospechar de su identidad. Empezaron a dudar de la veracidad de las funciones que decía ocupar. Esa reacción fue decisiva para frenar la maniobra. Lo detuvieron por la fuerza y llamaron a la policía.
El episodio retrata una respuesta vecinal y empresarial coordinada ante un fraude que ya se repetía demasiadas veces en varios puntos del municipio.
Piden denunciar ante la policía
La referida publicación indica una petición de la policía. Que los individuos afectados se presenten en la unidad policial de Zapata y C para levantar la denuncia correspondiente.
Sin embargo, si los denunciantes aceptan que le pagaron sobornos al supuesto inspector, también estarán en problemas con la policía.
Reacciones en redes tras la captura
Los comentarios en redes sociales mezclaron sorpresa, burla y reclamos de castigo. Varias personas cuestionaron cómo algunos emprendedores pudieron creer en la autoridad del supuesto inspector.
Otros usuarios insistieron en que, en una inspección real, el funcionario debe identificarse y mostrar credenciales. Esa línea de reacción convirtió el caso en una discusión sobre la facilidad con que puede operar un impostor cuando hay temor a las sanciones.
Varias opiniones exigieron una sanción severa. Algunos comentarios pidieron que se le aplicara “todo el peso de la ley”, mientras otros celebraron la intervención de la población y la PNR.
También hubo mensajes que vincularon este caso con otras formas de fraude, como llamadas para obtener códigos y vaciar cuentas, lo que refleja una percepción más amplia de inseguridad y engaño.
Entre las reacciones también apareció una crítica más profunda. Un usuario sostuvo que habría que revisar a funcionarios reales, porque, según su comentario, muchos piden sobornos en controles y puntos de inspección.
Aunque se trata de una opinión publicada en redes y no de un hecho verificado en el contenido, el señalamiento muestra que el caso activó sospechas sobre prácticas irregulares más allá del detenido y conectó con el descrédito que rodea a parte del aparato inspector.

