Cárcel y deportación para funcionario del gobierno cubano que residía en Miami

Por declaraciones falsas para obtener la residencia legal permanente, un cubano residente en Miami que resultó ser funcionario de alto rango del gobierno de la Isla, fue sentenciado a seis meses de cárcel y deportación inmediata, informa un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acusado responde al nombre de Saul Santos Ferro, de 74 años. Además de declararse culpable, aceptó su responsabilidad en el robo de fondos del gobierno a través del programa de Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), al cual no tenía derecho.

El juez federal Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de la Florida, se encargó de emitir la sentencia y además ordenó que sea deportado a Cuba una vez que ésta concluya y pague una restitución de 12 mil 522.28 dólares.

Tras una investigación, se descubrió que Santos Ferro trabajó durante varias décadas como mayor en la Seguridad del Estado cubano y está involucrado en la detención de opositores políticos en la Isla.

Para obtener su residencia permanente, el sentenciado aseguró no tener afiliación con alguna organización, declaró que nunca laboró como policía y además dijo que tampoco estuvo involucrado en la detención de personas.

Saul Santos también había asegurado ante las autoridades estadounidenses que no dio declaraciones ni información falsa o engañosa en la solicitud del documento migratorio. El cubano también mintió cuando solicitó su ingreso a EEUU con una visa de visitantes entre los años 2011 y 2012.

Con respecto a SSI, un programa que mediante la financiación de impuestos proporciona recursos económicos, ropa y vivienda a ancianos y personas con discapacidad, tanto Santos como su pareja calificaron como beneficiarios.

La pareja empezó a recibir el apoyo en el 2014 y, en el 2015, tergiversaron más su situación de vida para obtener más dinero del que tenían derecho a recibir, cantidad que ascendió a 28 mil 491.83.

La investigación de este caso estuvo a cargo del FBI y su Unidad Internacional de Derechos Humanos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, así como de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.

El caso fue procesado por el abogado Rami S. Badawy, de la sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal, con el respaldo de la historiadora Joanna Crandall y el fiscal federal adjunto del Distrito Sur de la Florida, Daniel Cervantes.