En el primer cuatrimestre del 2021, las autoridades de Costa Rica otorgaron refugio a 249 cubanos, una cifra que supera con creces los aceptados en 2018, cuando solo cuatro migrantes recibieron ese estatus.
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la mayoría de los refugiados políticos en Costa Rica provienen de Nicaragua, seguidos de migrantes de Cuba, Venezuela y Colombia.
Al conocerse las cifras de refugiados entre enero y abril de este año, la Embajada de Cuba en San José, capital del país centroamericano, afirmó que todos los migrantes aceptados salieron legalmente de la Isla, recalcando que no son perseguidos políticos.
“No salen de una nación en guerra, no corren peligro de muerte ni cumplen con características para ser refugiados, sino que buscan asentarse en los Estados Unidos, únicamente”, señaló la sede diplomática al medio local Monumental.
Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes cubanos huyen de la represión política y económica que padecen en su país natal, donde están privados de cualquier crecimiento económico debido a las políticas opresivas que limitan al sector privado.
Construir cualquier patrimonio es casi imposible, y denunciar la situación por cualquier medio, físico o virtual, podría llevarlos a la cárcel por hasta ocho años, pues tampoco se permite la libertad de expresión.
El caso de Karla Pérez
Apenas a inicios de este mes, la periodista cubana Karla María Pérez González obtuvo la condición de refugiada en Costa Rica, tras serle negado el acceso a su país de origen por motivos políticos.
Pérez González mostró a las autoridades migratorias del gobierno centroamericano las pruebas documentales que fundamentaban su solicitud, basada en la manera arbitraria en la que el castrismo le negó su entrada a Cuba, condenándola al destierro.
Sin consideración, fue abandonada en un limbo legal en el aeropuerto panameño de Tocumen, donde realizaba una escala en su camino a la Isla, pese a que cumplía con todos los requisitos migratorios y con una prueba de COVID-19 negativa.
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos, así como políticos como la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, condenaron la prohibición de entrada a Cuba de la joven periodista que colabora con un medio cubano alternativo.
