La segunda administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expulsó a 980.000 migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, según un recuento recientemente publicado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) mediante datos disponibles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El balance incluye expulsiones formales y retornos, pero no permite establecer cuántas personas abandonaron el país por todas las vías, incluidas las salidas por iniciativa propia. El organismo advierte que la falta de publicaciones oficiales detalladas desde enero de 2025 dificulta evaluar los resultados de una política que constituye una prioridad del presidente.
El documento publicado no ofrece un listado por nacionalidad. Sin embargo, un reportaje de The Guardian publicado en junio indica que hasta abril del actual año casi 8.000 cubanos habían sido deportados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
La cifra supera en más del doble los 3.385 cubanos deportados entre 2017 y 2021. Según un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), la mayoría ha sido enviada a México. Entre los afectados hay numerosos adultos mayores con enfermedades graves que habían residido en EEUU durante años, e incluso décadas.
HRW documentó las condiciones de cubanos enviados a México. Su investigación, publicada en mayo de 2026, identificó unas 4.353 deportaciones de cubanos hacia territorio mexicano entre enero de 2025 y marzo de 2026.
¿Qué incluyen las 980.000 deportaciones?
El MPI utiliza el término deportación para agrupar procedimientos diferentes. Las expulsiones formales, conocidas en inglés como removals, implican consecuencias jurídicas más severas. Pueden generar restricciones para regresar legalmente a EEUU y sanciones adicionales ante una nueva entrada irregular.
Los retornos constituyen otra categoría y no conllevan necesariamente las mismas consecuencias de una orden formal de expulsión. Esa distinción permite entender por qué las estadísticas pueden variar entre informes: algunos contabilizan únicamente expulsiones formales, mientras otros incluyen también retornos administrativos y otras modalidades de salida.
Dentro de las 980.000 deportaciones, aproximadamente 170.000 correspondieron a concesiones de salida o retorno voluntarios gestionadas por ICE. Según el MPI, ese recurso refleja el intento de la administración de evitar procedimientos ante tribunales de inmigración saturados.
El origen de los arrestos también ayuda a explicar el balance. Alrededor de 340.000 deportaciones correspondieron a migrantes interceptados y devueltos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Otras 340.000 fueron ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra personas detenidas inicialmente en la frontera y procesadas después dentro del país.
Las aproximadamente 300.000 restantes correspondieron a inmigrantes cuyo arresto inicial ocurrió en el interior de EEUU. Esta categoría incluye personas que probablemente habían establecido vínculos laborales, familiares y comunitarios.
La mayoría no tenía condenas penales
El análisis distingue entre condenas penales y otras situaciones, como acusaciones pendientes. Cerca de 190.000 deportaciones, equivalentes al 20 % del total, correspondieron a personas condenadas por algún delito. Por ello, resulta más preciso hablar de ausencia de condenas que afirmar, de manera general, que todos los demás carecían de antecedentes.
Al considerar exclusivamente las expulsiones formales, la proporción de personas con condenas fue del 31 %. Ese porcentaje no contradice el 20 % anterior: cada cifra utiliza una base de cálculo diferente. El primero se limita a las expulsiones formales; el segundo comprende el conjunto de deportaciones y retornos.
Sin contar las devoluciones inmediatas efectuadas por CBP, el 61 % de las deportaciones de ICE correspondió a personas con al menos dos años en EEUU. Otro 15 % involucró a inmigrantes con diez años o más de residencia. Entre estos últimos, el 61 % no tenía condenas penales.
