Comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresaron en conjunto un pronunciamiento para denunciar el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en aras de continuar como presidente de Venezuela.
El contundente posicionamiento, considerado el más categórico sobre la nación sudamericana en los últimos años, ocurrió durante el periodo de audiencias de la entidad. Al ofrecer una rueda de prensa de lo mencionado, Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, afirmó que el organismo hemisférico considera ilegítima la proclamación del chavista como presidente, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano se ha negado a publicar las actas que sustentarían tal resultado.
Mientras esa oficina electoral, bajo control de la administración socialista, se niega a dicha acción, la oposición cuenta con el 85% de las actas escaneadas y publicadas, donde se refleja una victoria del exdiplomático Edmundo González Urrutia, con un 70% de los votos a su favor contra un 30% registrado para el oficialismo.
Antes diferentes medios de comunicación, Clarke subrayó la importancia de que la comunidad internacional mantenga la presión coordinada sobre el régimen de Maduro y no normalice la situación en Venezuela.
“Tres meses después, el mensaje de la CIDH es claro: lo que ha sucedido no se puede aceptar ni normalizar. Las autoridades venezolanas deben rendir cuentas y publicar las actas de los comicios”, expresó, reiterando la urgencia de una postura común que evite la legitimación de un proceso que la CIDH califica de fraudulento.
Por su parte, Gloria Monique de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, enfatizó la necesidad de un “esfuerzo diplomático multilateral” que acompañe a los venezolanos en su lucha por la democracia y permita la restauración del Estado de derecho en el país.
Asimismo, destacó también la importancia de exigir justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, que han crecido significativamente en el contexto electoral.
La CIDH también denunció la represión que siguió a las elecciones del 28 de julio. Tras el anuncio de los resultados, más de 300 protestas espontáneas estallaron en Venezuela, las cuales fueron agredidas violentamente por el Estado. Numerosos manifestantes fueron detenidos bajo cargos como terrorismo, conspiración y resistencia a la autoridad, con penas excesivas que buscan disuadir el derecho a la libre expresión.
Además de la crisis de derechos humanos en el país, la CIDH expresó su preocupación por el incremento en la migración venezolana. Andrea Pochak, comisionada del referido organismo y experta en migración, advirtió que la situación política ha obligado a miles de venezolanos a huir de su país.
Desde 2015, unos ocho millones de personas han emigrado, lo que representa cerca de una cuarta parte de la población de Venezuela. En la frontera con Colombia y Brasil, diversas organizaciones reportan un repunte en el número de venezolanos que buscan escapar de la represión y la inseguridad económica.
