La confrontación entre el régimen cubano y sectores de la masonería escaló este martes con la citación policial de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, acusado del presunto delito de “desobediencia”.
Viñas Alonso debía presentarse a las 2:00 p.m. en la estación policial de Infanta y Manglar, en La Habana, ante un instructor del Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado identificado como “capitán Andy”, según informó CubaNet.
La citación fue entregada el lunes a su esposa por un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Hasta el momento de redactar esta información, las autoridades no habían explicado públicamente qué conducta concreta atribuyen al dirigente masón para acusarlo de desobediencia.
Bajo el lema “La masonería se respeta”, integrantes de la fraternidad convocaron una concentración en las inmediaciones de la unidad policial para acompañar a Viñas Alonso. La movilización ocurre después de que más de un centenar de masones rechazaran, el pasado 7 de agosto, un intento del Ministerio de Justicia (MINJUS) de apartarlo de la dirección del Supremo Consejo.
Ese día, la directora de Asociaciones del MINJUS, Miriam García Mariño, se presentó en la llamada Catedral Escocesa de Centro Habana y exigió que Viñas entregara el cargo. Los masones respondieron con gritos de “Fuera”, “No más injerencia” y “Los masones decidimos lo de los masones”, mientras agentes de la Seguridad del Estado vigilaban los alrededores.
“Para las autoridades no soy el soberano; para mis hermanos sí lo soy”, respondió Viñas durante el enfrentamiento, de acuerdo con videos y testimonios difundidos por 14ymedio.
El MINJUS apela a una sentencia del Tribunal Supremo
El Gobierno sostiene que Viñas Alonso ya superó el límite estatutario de nueve años para ocupar el puesto. En una nota oficial publicada el 7 de agosto, el MINJUS señaló que la Resolución 342, del 15 de julio de 2025, dispuso no reconocerlo como soberano gran comendador.
Según el comunicado, el Tribunal Supremo Popular desestimó los recursos presentados por Viñas y ratificó la decisión mediante una sentencia firme. El Ministerio exigió entonces al Supremo Consejo que cumpliera el fallo y restableciera lo que calificó como una “institucionalidad quebrantada”.
Los masones que respaldan a Viñas, sin embargo, argumentan que corresponde exclusivamente a los órganos internos de la fraternidad elegir o destituir a su máxima autoridad.
También denunciaron que el MINJUS pretende colocar interinamente a Lázaro Faustino Cuesta Valdés, quien, según la dirección del Supremo Consejo, fue separado de sus funciones y posteriormente expulsado por la Alta Cámara del Rito.
La disputa enfrenta así dos legitimidades: el reconocimiento administrativo que controla el Estado cubano y la autoridad que los integrantes del Supremo Consejo aseguran haber otorgado mediante sus propios mecanismos electorales.
Un enfrentamiento que se arrastra desde el 11J
Las tensiones adquirieron un marcado carácter político después de las protestas del 11 de julio de 2021. En aquella ocasión, la Alta Cámara del Supremo Consejo respaldó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que condenaba su “orden de combate” y la incitación al enfrentamiento entre cubanos.
Desde entonces, Viñas Alonso ha denunciado interrogatorios, amenazas de prisión y presiones de la Seguridad del Estado para que abandone el cargo. Actualmente también permanece bajo reclusión domiciliaria por otro proceso relacionado con el presunto cambio de 100 dólares en el mercado informal, una acusación que sus partidarios consideran parte de la ofensiva para desplazarlo.
La presión se ha extendido a otros dirigentes. En junio, el escritor y gran canciller Ángel Santiesteban Prats fue instruido de cargos y sometido a reclusión domiciliaria por una operación con 200 dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó. Santiesteban sostiene que no hubo compraventa de divisas ni faltante de dinero y atribuye el expediente a razones políticas.
Otro foco de conflicto se produjo en la Gran Logia de Cuba, una institución distinta del Supremo Consejo, aunque también afectada por la disputa sobre la autonomía masónica.
Durante 2025, varios dirigentes fueron citados, interrogados o sometidos a procesos penales mientras reclamaban elecciones internas y cuestionaban el reconocimiento gubernamental de autoridades rechazadas por una parte de los masones.
La nueva acusación de “desobediencia” contra Viñas Alonso convierte una controversia administrativa en un asunto penal y refuerza el temor de que el régimen pretenda imponer por la fuerza una dirección dócil dentro de una de las organizaciones civiles más antiguas de Cuba.
