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Masones cubanos desafían al régimen ante un nuevo intento de intervención

El Ministerio de Justicia citó al Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso
Masones cubanos desafían al régimen ante un nuevo intento de intervención
Los miembros de la organización llegaron con sus atributos masónicos para expresar públicamente su respaldo al actual Soberano Gran Comendador. (Captura de pantalla © Camila Acosta – Facebook)

Ante un nuevo intento de injerencia por parte del Ministerio de Justicia (MINJUS), los masones cubanos se plantaron este viernes en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en La Habana, para respaldar al Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso.

Según la denuncia compartida por CubaNet, el régimen tiene la intención de intervenir en la dirección de la institución y sustituirla por un dirigente escogido al margen de sus procedimientos internos.

Los participantes aseguraron que reconocen únicamente a Viñas Alonso como máxima autoridad del Supremo Consejo, debido a que consideran que fue elegido conforme a las normas de la organización.

La movilización ocurrió después de que el dirigente recibiera una citación oficial en su domicilio para presentarse este viernes y entregar el cargo. Viñas Alonso debía comparecer a las 9:30 de la mañana en la sede de la institución, ubicada en la calle 27 de Noviembre, antigua Jovellar, en Centro Habana.

De acuerdo con la denuncia del Gran Canciller del Supremo Consejo, el escritor Ángel Santiesteban Prats, la citación fue entregada por Miriam Marta García Meriño, directora de Asociaciones del MINJUS.

Santiesteban convocó a los miembros de la fraternidad a reunirse desde las 9:00 de la mañana y pidió que acudieran con sus atributos masónicos para expresar públicamente su respaldo al actual Soberano Gran Comendador.

Masones rechazan al dirigente que pretende reconocer el MINJUS

Según las denuncias, el hombre que las autoridades buscan colocar al frente del Supremo Consejo es Lázaro Faustino Cuesta Valdés. Los dirigentes de la institución alegan que este fue separado de sus funciones como miembro activo al cumplir 80 años, en febrero de 2025, en correspondencia con las disposiciones internas, y posteriormente expulsado por decisión de la Alta Cámara del Rito.

Santiesteban calificó la actuación del Gobierno como un “zarpazo” contra la independencia de la organización y sostuvo que representa una violación de las normas por las que se rigen los Supremos Consejos. También acusó a las autoridades de pretender imponer “a dedo” a una persona que no cuenta con el reconocimiento de quienes integran la institución.

Otro masón, Sergio Rafael Vidal Águila, señaló que el Ministerio de Justicia busca ejecutar la Resolución 342/25, adoptada cuando Óscar Silvera Martínez dirigía esa cartera. La resolución fue recurrida posteriormente ante el Tribunal Supremo Popular, que confirmó la decisión administrativa.

Vidal afirmó además que la medida tendría como objetivo retirar a Viñas Alonso su reconocimiento oficial como máxima autoridad del Supremo Consejo antes de un eventual proceso judicial. Los masones consideran que las actuaciones administrativas y judiciales forman parte de una ofensiva más amplia contra la actual dirección.

Un enfrentamiento que los masones vinculan con las protestas del 11J

Los dirigentes del Supremo Consejo sitúan el comienzo del conflicto con las autoridades en julio de 2021. Tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio, la Alta Cámara del Rito aprobó enviar una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en rechazo a la llamada “orden de combate” pronunciada por el gobernante durante aquellas manifestaciones.

Desde entonces, según los testimonios recopilados, Viñas Alonso ha enfrentado interrogatorios, presiones y varios intentos para apartarlo del puesto. Santiesteban sostiene que los sucesos actuales no representan un episodio aislado, sino la continuación de una disputa iniciada después del 11J.

En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia ya había intentado reconocer a otro dirigente al frente del Supremo Consejo, medida que encontró oposición entre numerosos integrantes del Rito Escocés. Meses después, la Seguridad del Estado interrogó a Viñas Alonso y abrió un proceso penal por un presunto delito de “tráfico de divisas”.

Según la versión ofrecida por los representantes masónicos, las operaciones investigadas estaban relacionadas con cambios de moneda realizados a la tasa informal para obtener recursos destinados al sostenimiento del Asilo Nacional Masónico.

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