Comisionado de la ciudad de Miami y alcalde en conflicto

Joe Carollo, comisionado de la Ciudad de Miami por el distrito 3 y el alcalde de ese municipio, Francis Suárez, son protagonistas de un conflicto derivado del tema de cumplimiento de regulaciones de zonificación.

Entre las acusaciones que se ha generado, Carollo indica que el alcalde, junto con el administrador de la Ciudad, Emilio González, no están cumpliendo con la mencionada norma y con ello benefician establecimiento del empresario Bill Fuller.

Él es dueño de Ball and Chain, un bar localizado en el corazón de La Pequeña Habana, entre otros negocios.

Cabe mencionar que Carollo no descarta la posibilidad de que la situación englobe un conflicto de intereses, ya que Greenspoon Marder LLP, empresa donde labora Suárez, está vinculada con negocios de Fuller.

“Según me lo dijo un abogado de la misma empresa”, aseguró Carollo, sin embargo, el Diario las Américas trató de confirmar lo dicho con ese bufete de abogados, pero la firma se limitó a no ofrecer una respuesta concreta.

Por su parte, el vocero del acalde, René Pedrosa, acusa a Carrollo de ser un irresponsable y difamador con sus declaraciones.

“Si hubiera habido conflicto de intereses, el alcalde se habría tenido que declarar impedido”, respondió Pedrosa.

Ante la acusación de conflicto de intereses, el empresario Fuller negó cualquier tipo de relación con Greenspoon Marder LLP.

“No es cierto. Nunca he hecho nada con esa firma de abogados, ni me representan. Si el comisionado tiene pruebas, me gustaría verlas”, manifestó el dueño de Ball and Chain.

Por el momento, Carollo no quita el dedo del renglón y asegura que se tendrá que obligar, de manera legal, que la empresa mencionada presente documentación que la relaciona con el empresario.

“Si hiciera negocios con el alcalde, eso sería público, habría documentación y tendría que mostrar la evidencia. Yo no tengo ninguna protección de Suárez”, apuntó Fuller ante lo mencionado y quien asegura que el objetivo del comisionado y exalcalde de Miami es destruir sus negocios.

Fuller asegura que sus propiedades son muy viejas, construidas entre los años 40 y 50, no descarta haber tenido violaciones al código, pero asegura que éstas no son un delito y que nunca violaría la constitución.

“Violar la ley y la Constitución de la Ciudad y abusar del poder, eso sí es un delito. Mis propiedades han pagado al año 900 mil dólares en impuestos a la propiedad. Y en impuesto a las ventas, mis negocios pagan al año, a la Florida, más de un millón de dólares. Y empleamos a 140 personas”, apunta.

Con Información de Miami Diario