La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó un proyecto de ley que propone una amplia reorganización de la Administración Central del Estado en Cuba. La iniciativa contempla la fusión de ministerios e institutos nacionales, así como la redistribución de funciones en áreas clave de la gestión pública.
El nuevo diseño reduciría la estructura oficial a 20 ministerios, si llega a ser aprobado durante una sesión parlamentaria en julio. Además, el Banco Central de Cuba mantendría su condición de organismo de la Administración Central del Estado.
El documento, de 72 páginas, justifica la reforma con el objetivo de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” la organización estatal para lograr mayor eficacia administrativa.
Actualmente, el directorio oficial del régimen castrista incluye 27 organismos: 22 ministerios, cuatro institutos nacionales y el Banco Central. La propuesta, en cambio, fija expresamente 20 ministerios y deja abierta la posibilidad de que otras entidades sean reconocidas como organismos estatales.
Una de las principales transformaciones sería la creación del Ministerio de Agroalimentación, que integraría funciones del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de la Industria Alimentaria.
Esta nueva cartera asumiría también la producción cañera, el azúcar y sus derivados. Entre sus competencias estarían la política sobre uso sostenible de superficies agropecuarias y forestales, la producción agropecuaria, cañera y forestal, la industria alimentaria, las bebidas, licores, pesca y la comercialización de esos productos.
El proyecto también propone la creación del Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, resultado de la fusión del Ministerio del Comercio Interior y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Esta institución concentraría el comercio en todas sus modalidades, la inversión extranjera, la autorización para ejercer el comercio exterior, las relaciones económicas y financieras internacionales, la cooperación y la búsqueda de financiamiento externo.
Otra de las fusiones más relevantes daría lugar al Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación. Esta cartera absorbería competencias del Ministerio de Economía y Planificación y del Ministerio de Finanzas y Precios.
Esa nueva dependencia tendría a su cargo la planificación económica, el desarrollo económico y social, las políticas financiera, presupuestaria, tributaria y contable, así como la tesorería, el patrimonio estatal, los precios, el crédito público y los seguros.
Asimismo, elaboraría y controlaría el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, definiría proyecciones macroeconómicas y dirigiría la preparación del Presupuesto del Estado.
En el ámbito académico y científico, el proyecto establece el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta entidad uniría el actual Ministerio de Educación Superior con parte de las funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Se encargaría de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación, la normalización, la metrología, la calidad y la acreditación. También asumiría áreas como la gestión documental, los archivos, la propiedad industrial, la seguridad química y biológica y el uso pacífico de la energía nuclear.
La reforma plantea además unir los ministerios de Industrias y de la Construcción en el nuevo Ministerio de Industrias y la Construcción. Este organismo controlaría sectores como la industria electrónica, ligera, metalmecánica, química, siderúrgica, farmacéutica, del reciclaje y de materiales de construcción.
También tendría responsabilidad sobre programas constructivos, producción local de materiales, capacidades de construcción, costos referenciales de obras y autorizaciones para contratistas, constructores, proyectistas, consultores y profesionales del sector.
Otra entidad de amplio alcance sería el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda. Este organismo concentraría atribuciones actualmente repartidas entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo y las autoridades de vivienda.
Tendría bajo su control la protección ambiental, los recursos naturales, las aguas terrestres, el patrimonio hidráulico, el suministro de agua potable, el alcantarillado, el ordenamiento territorial y urbano, el uso del suelo, el Catastro Nacional, los programas constructivos de viviendas y la administración del fondo habitacional.
La propuesta también elevaría el Instituto de Información y Comunicación Social a rango ministerial, mediante la creación del Ministerio de Información y Comunicación Social.
Esta cartera dirigiría el sistema de comunicación social, controlaría la publicidad y el patrocinio, gestionaría la marca “País” y tendría capacidad para proponer o avalar la creación, traspaso, fusión y extinción de medios fundamentales de comunicación social.
El Ministerio de Comunicaciones permanecería separado, con competencias sobre telecomunicaciones, transformación digital, servicios postales, tecnologías de la información, espectro radioeléctrico, ciberseguridad e infraestructuras tecnológicas críticas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación pasaría a convertirse en el Ministerio de Deportes y Recreación, encargado de la práctica deportiva, la recreación, la educación física, la formación de atletas y la contratación de deportistas de alto rendimiento.
La lista de organismos se completaría con los ministerios de Cultura, Educación, Energía y Minas, Justicia, Relaciones Exteriores, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, Turismo, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Interior y Transporte. El Banco Central seguiría dirigido por un ministro-presidente.
La reforma modificaría la Ley 134, de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, para establecer que ese órgano estará integrado por el primer ministro, los viceprimeros ministros, el secretario, los ministros y el ministro-presidente del Banco Central.
El texto establece que las entidades transformadas serían continuadoras legales de las instituciones cuyas funciones asuman, incluyendo derechos, obligaciones, tratados internacionales y participación en organizaciones extranjeras o multilaterales. Sin embargo, el proyecto no precisa cuántas plazas laborales serían eliminadas o transferidas, cuánto costaría la reorganización ni qué ahorro presupuestario espera lograr el Gobierno.
La ley entraría en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional divulgó este proyecto junto con otras propuestas legislativas, entre ellas el Código de Trabajo y las leyes de Tierra Agropecuaria y Forestal y de la Vivienda.
