Una transición democrática en Cuba necesitaría separar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del Partido Comunista, colocar su cadena de mando bajo autoridades civiles y someter sus empresas a fiscalización pública.
El desafío sería impedir que la institución conserve capacidad para vetar decisiones del nuevo gobierno, incluso después de aceptar un cambio político, según un análisis de Cuba x Cuba: Laboratorio de pensamiento cívico.
Esa es la conclusión principal del análisis que examina las experiencias de España, Chile, Polonia y Venezuela. El documento sostiene que la subordinación militar se construye mediante reformas sucesivas y depende del poder acumulado por los uniformados durante el régimen anterior, así como de los privilegios que retengan durante la transición.
Para Cuba, el problema tiene tres dimensiones entrelazadas: las FAR cumplen funciones de defensa, forman parte del núcleo político del régimen y participan en la economía mediante el conglomerado GAESA. Una reforma tendría que preservar su misión militar profesional mientras desmonta su intervención partidista y establece controles sobre sus intereses empresariales.
Separar al ejército del partido y definir quién manda
El primer paso sería garantizar que las FAR no empleen la fuerza para bloquear el proceso democrático. Sin embargo, su aceptación inicial resultaría insuficiente si mantienen áreas de decisión fuera del alcance de las instituciones electas, como los ascensos, la inteligencia militar o la administración de recursos.
El politólogo Alfred Stepan distingue entre la resistencia abierta de los militares y sus prerrogativas institucionales. La primera puede expresarse mediante amenazas, presiones o golpes; las segundas permiten conservar espacios de autonomía sin desafiar al gobierno. Una democracia puede superar el peligro inmediato de una asonada y seguir bajo tutela castrense.
Polonia ofrece una referencia para transformar un ejército vinculado a un partido comunista en una institución del Estado. Después del acuerdo político de 1989, incorporó civiles a la dirección de Defensa y, en 1991, nombró a su primer ministro civil del sector, Jan Parys.
El cambio abrió otra disputa: quién ejercería el control efectivo sobre el Estado Mayor, el presidente o el ministro. En 1994, durante la llamada cena de Drawsko, generales cuestionaron al titular de Defensa ante el presidente Lech Wałęsa. El ministro fue destituido poco después.
Desde 1996, una definición legal más clara de la autoridad del ministro sobre el jefe del Estado Mayor y la inteligencia militar reforzó el control civil. Para Cuba, la enseñanza sería establecer desde el inicio responsabilidades precisas y evitar mandos paralelos que permitan a los oficiales enfrentar a unas autoridades con otras.
Reformar por etapas sin conservar un veto militar
España muestra cómo una reorganización institucional puede preparar el terreno para la subordinación. En 1977 creó un Ministerio de Defensa que sustituyó a las tres carteras militares del franquismo. Esa primera etapa de unificación y profesionalización contó con la conducción del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.
El intento de golpe del 23 de febrero de 1981 evidenció la resistencia al cambio. Su fracaso contribuyó a fortalecer las reformas posteriores. La Ley Orgánica 1/1984 afirmó la dirección gubernamental de la defensa y convirtió a la Junta de Jefes de Estado Mayor en un órgano de asesoramiento.
Chile ilustra los riesgos de aceptar una salida autoritaria con garantías excesivas para la cúpula militar. Augusto Pinochet permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, mientras los mandos conservaron protecciones institucionales que limitaron la capacidad de intervención de los gobiernos democráticos.
Las presiones militares de 1990 y 1993 mostraron que la celebración de elecciones no había eliminado ese poder. La reforma constitucional de 2005 suprimió la inamovilidad de los comandantes y los senadores designados, pero otros privilegios sobrevivieron. Para una transición cubana, negociar la no intervención militar no debería equivaler a reconocer un derecho permanente de tutela.
GAESA y el desafío de someter los recursos a fiscalización
La dimensión económica sería uno de los obstáculos más difíciles. GAESA reúne intereses hoteleros, comerciales y financieros bajo la estructura militar. Esa presencia crea incentivos materiales que una reforma política, por sí sola, no elimina y que podrían alimentar resistencias frente a la supervisión civil.
El caso chileno muestra la persistencia de esos mecanismos. La Ley Reservada del Cobre destinaba a las fuerzas armadas el 10 % de las ventas exteriores de Codelco. Su derogación llegó en 2019, catorce años después de la reforma constitucional, y contempló una eliminación gradual.
Venezuela aporta el contraste inverso: la ampliación de la participación militar en cargos públicos y empresas fortaleció su influencia política. El análisis advierte que conceder espacios económicos para asegurar lealtades puede consolidar una institución con intereses propios, capaz de condicionar a las autoridades civiles.
En Cuba, la respuesta requeriría transparencia empresarial, control parlamentario y una evaluación de la reestructuración de los negocios militares. La finalidad sería que los recursos vinculados a las FAR queden sujetos a decisiones públicas fiscalizables, sin ámbitos financieros protegidos frente al poder democrático.
