El condado de Miami-Dade firmó un nuevo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que afecta la gestión de los registros públicos de los inmigrantes detenidos en sus cárceles.
Esta actualización, respaldada por la alcaldesa Daniella Levine Cava, otorga a ICE el control de los registros de los reclusos que se encuentran bajo órdenes de detención por parte de la agencia federal, lo que tiene importantes implicaciones para la transparencia y el acceso a la información sobre los migrantes en proceso de deportación.
El acuerdo, que será sometido a una votación preliminar el lunes, modifica el marco del acuerdo vigente entre Miami-Dade e ICE. Lo que se busca es que la información sobre los reclusos que están bajo custodia de ICE será gestionada directamente por la agencia federal, por lo cual los registros no estarán disponibles en los portales locales de búsqueda de reclusos, al menos no en tiempo real.
Lo anterior podría dificultar el acceso a la información de aquellos que tienen familiares o defensores buscando detalles sobre su paradero o situación legal. Según los defensores de los derechos de los inmigrantes, esta falta de transparencia podría tener consecuencias negativas para los detenidos, ya que dificultaría su localización y seguimiento de su proceso.
La alcaldesa Levine Cava defendió el acuerdo, aclarando que el condado continuará proporcionando información sobre los reclusos bajo custodia de ICE, y que las bases de datos de ICE se mantendrán disponibles para su consulta.
Según Rachel Johnson, subjefa de gabinete de Levine Cava, los nombres de los reclusos estarán accesibles a través de un portal donde los ciudadanos y los familiares podrán realizar búsquedas. A pesar de estas declaraciones, muchos temen que el control federal de la información termine por generar opacidad.
Una de las cláusulas del acuerdo es que el condado podrá solicitar un reembolso de $50 por cada recluso detenido bajo una orden de deportación. Este reembolso está destinado a cubrir los costos adicionales de detención, que ascienden a unos $300 diarios por recluso. La medida asegura que Miami-Dade pueda seguir cumpliendo con las órdenes de ICE mientras gestiona los gastos relacionados con el mantenimiento de los detenidos.
El acuerdo también establece que los reclusos bajo orden de detención pueden ser retenidos en las cárceles del condado hasta un máximo de 48 horas antes de ser transferidos a ICE. Esto se mantiene dentro de los parámetros de la ley estatal de Florida, que obliga a las cárceles del condado a cooperar con ICE en la detención de inmigrantes.
Organizaciones como Community Justice Project han expresado su preocupación de que, si otros condados en Florida adoptan acuerdos similares, podría convertirse en un patrón que limite aún más el acceso público a la información sobre los inmigrantes detenidos.
El condado de Miami-Dade comenzó a cumplir con las órdenes de detención de ICE en 2017, tras la primera administración de Donald Trump y su enfoque agresivo contra las ciudades y condados “santuario”.
Aunque el nuevo acuerdo ya ha sido firmado por el alcalde de Miami-Dade, la decisión final dependerá de la aprobación de la Comisión del Condado, que decidirá si implementa este nuevo sistema de gestión de registros y detenciones en colaboración con ICE.
hay que acelerar las deportaciones de esos invasores a este pais pa fuera hay que venir legal no en manada como si esto fuera un potrero