Yanet Martínez Latamblet, trabajadora de la granja avícola Lajita 1 en Guantánamo, fue sancionada el 25 de septiembre a un año de prisión domiciliaria por “no preservación de los bienes del Estado”.
El caso se originó tras una auditoría que detectó en septiembre de 2023 el faltante de 7.000 aves. En conversación con el portal independiente 14ymedio, la empleada niega el delito y acusa a los jefes de la empresa estatal de operar un desfalco. La ciudadana espera por la apelación que interpuso ante el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Martínez asegura que ella y otros cuatro trabajadores fueron sorprendidos sin preparación para el juicio. Relata que recibieron una citación por “incumplimiento del deber” y en la vista supieron que la imputación se relacionaba con el faltante detectado un año antes. La audiencia se suspendió inicialmente por ausencia de dos encausados y se retomó semanas después.
La trabajadora sostiene que “todo lo que se oía” en la unidad era que la jefatura era la responsable. Tras la auditoría, los empleados fueron convocados a una reunión donde se les exigió pagar el valor de los pollos desaparecidos. La suma superaba los 100.000 pesos, cifra que, repartida, seguía siendo “impagable”. Ante la negativa colectiva, quedaron al descubierto las irregularidades y comenzó la presión, afirma.
La granja Lajita 1 arrastra precariedad desde hace décadas. Estuvo paralizada más de 15 años y reactivó operaciones en 2016 para producir pollitas de inicio y abastecer a la provincia, evitando traslados desde otros territorios. El impulso se frenó por falta de pienso, combustible y escasez constantes de recursos.
Martínez no era una desconocida para la administración. En 2019, según un reporte de prensa independiente, denunció ante la policía económica a dirigentes de la Empresa Avícola de Guantánamo por desvío de recursos, falsificación de documentos y malos manejos.
La llegada de una nueva directora, tras sorprender al anterior con 14 sacos de pienso en un punto de control, derivó en otra auditoría: se destapó la pérdida de 5.000 aves y de alimentos. Entonces, como ahora, se intentó trasladar el costo a los trabajadores. Ella se negó y, dice, comenzaron las represalias.
En mayo de 2024, el expediente pasó al Departamento de Investigaciones Técnicas (DTI). Los cinco acusados entregaron tarjetas de nave, fotografías y muestras de escritura. Paralelamente, quedaron bajo “interrupción laboral” sin salario, medida que la empleada lee como castigo por no aceptar pagar el faltante.
El 26 de marzo de este año, todos los trabajadores de la granja fueron puestos en “disponibilidad”, el eufemismo oficial para el despido. Sin empleo ni ingresos, y sin derecho a reclamación, escucharon que “era una orden de nivel nacional”. Desde la empresa principal en La Habana se argumentó que Lajita 1 “no había aportado nada productivamente al sistema”.
El 95% de los trabajadores elevó quejas hasta el Comité Central en La Habana. No hay respuesta. Martínez permanece desempleada y bajo arresto domiciliario. Señala “sin cortapisas” a los directivos de la Empresa Avícola de Guantánamo como “verdaderos responsables”. “Estamos pagando los inocentes”, sentencia.
