El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) aseguró en una publicación reciente que corregir errores en el Registro Civil cuesta 10 pesos cubanos (CUP). Además, planteó que el proceso es sencillo y requiere pocos pasos; sin embargo, muchos cubanos se quejaron del sistema, asegurando que todo es mucho más caro y complejo.
Según el procedimiento divulgado por el organismo, el interesado debe presentar su carné de identidad, una solicitud formal para tramitar un Expediente de Subsanación de Error con el detalle del error, la copia del asiento registral donde aparece la equivocación y cualquier otra prueba que exija el registrador.
El pago se realiza mediante un sello de 10 CUP, en formato físico, virtual o con comprobante. Además, Minjus indicó que la gestión debe hacerse de forma personal o a través de un abogado.
Corregir un error es un trámite que suele ser necesario para rectificar un mal dato en certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción. Estos documentos luego son requisitos para más trámites y si tienen inconsistencias son rechazados por la propia burocracia.
Quejas de la población que desmienten al Minjus
Aunque el mensaje oficial presenta el trámite como un proceso claro, varias reacciones muestran que la experiencia en la práctica suele ser distinta.
Una usuaria relató que en la certificación de defunción de su bisabuela aparece consignado un sexo incorrecto por un error de sistema y afirmó que, pese a haber intentado corregirlo en línea, no ha recibido respuesta. También pidió aclaración sobre si la rectificación puede hacerse en el municipio donde reside.
Otro de los testimonios más duros fue el de una madre que aseguró que el nombre de su hija fue inscrito de forma incorrecta a pesar de que el documento inicial estaba bien redactado.
Según su versión, cuando detectó el problema le informaron que ya no podía modificarse porque estaba asentado en los libros, y después de varias gestiones recibió la sugerencia de dejarlo así. Ese comentario resume una percepción reiterada entre los usuarios: el error administrativo termina recayendo sobre el ciudadano.
Las inconformidades no se limitaron a casos puntuales. Otra persona afirmó que lleva meses en ese trámite y que le han solicitado hasta el nombre de la enfermera que asistió el parto.
A eso se sumaron preguntas sobre si la subsanación debe realizarse obligatoriamente en el municipio donde la persona está inscrita, dudas sobre la corrección de inconsistencias entre certificaciones familiares y reclamos de quienes necesitan otros documentos pendientes, como títulos o inscripciones.
La exigencia de que el trámite sea personal o mediante abogado también generó críticas. Una cubana cuestionó qué ocurre cuando el familiar está postrado en cama o cuando la persona involucrada ya falleció.
Otra preguntó cómo obtener una inscripción de nacimiento si no dispone del tomo y el folio y el inscrito ya murió. En vez de disipar dudas, la publicación oficial abrió un nuevo espacio de incertidumbre sobre un servicio básico del Estado.
Entre los comentarios también apareció una denuncia formal de Eliubis Acea Morales, quien dijo haber reclamado ante la Consultoría Jurídica Internacional por documentos tramitados y pagados que siguen pendientes desde marzo de 2025 y diciembre de 2025 en sedes de Santa Marta y Matanzas.
Según expuso, la falta de respuesta le está afectando su estatus migratorio en Canadá y pidió intervención inmediata para obtener la impresión de sus antecedentes penales.
A ese cuadro se sumó la denuncia de un internauta que habló de pagos informales a registradores, además de trabas y burocratismo en el servicio. También hubo reclamos por la demora en actualizar defunciones en el sistema, con una persona que afirmó estar esperando desde enero.
