La Corte Suprema de Estados Unidos ya tiene bajo evaluación dos casos que podrían ocasionar una ola de demandas contra el régimen castrista si llegan a recibir el respaldo de la mayoría de los jueces.
Los casos se encuentran vinculados al Título III de la Ley Helms-Burton, una norma que permite a ciudadanos y empresas demandar al gobierno cubano o a compañías vinculadas por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. La decisión del máximo órgano de justicia se espera antes de finales de junio de 2026.
El primer caso involucra a Havana Docks Corporation, que tenía los derechos de operación del puerto de La Habana cuando Fidel Castro asumió el poder. La compañía demanda a las principales líneas de cruceros por presuntamente “traficar” con propiedad confiscada al utilizar los muelles durante el deshielo diplomático impulsado por la administración de Barack Obama.
La disputa legal surge debido a que compañías como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival y MSC Cruises utilizaron los muelles en 2016 y 2019. Sin embargo, abogados de estas empresas indican que la concesión original habría expirado en 2004.
En 2022, un juez federal falló a favor de Havana Docks y ordenó el pago de más de 400 millones de dólares, pero en 2024, el Circuito 11 de Apelaciones revocó ese fallo, argumentando que no existía garantía de que los daños reclamados estuvieran relacionados con las operaciones posteriores al vencimiento del contrato.
Joseph Malouf, abogado constitucionalista, explicó que “no necesariamente tenían que operar en el año 2016 porque no habrían estado bajo ese contrato, por eso no hay garantía de que puedan recuperar esos daños”.
Durante la audiencia en la Corte Suprema, los abogados de Havana Docks sostuvieron que las líneas de cruceros actuaron en conjunto con Cuba y pagaron 130 millones de dólares a las fuerzas de seguridad del Estado para generar ganancias millonarias sin autorización de los demandantes.
Por su parte, un representante del Procurador General de EEUU defendió que “una propiedad robada sigue siendo robada hasta que se resuelva la reclamación, se devuelva la propiedad o se pague una compensación adecuada”.
La defensa de los cruceros, en cambio, insistió en que Cuba era la dueña de los muelles y que lo único confiscado fue el interés temporal relacionado con los documentos.
El segundo caso clave involucra a Exxon Mobil, que demanda a las entidades del régimen cubano CIMEX y CUPET por la confiscación de refinerías, infraestructura petrolera y estaciones de servicio en Cuba.
El conflicto radica en la Ley de Inmunidad de Estados Extranjeros (FSIA, por sus siglas en inglés), que generalmente protege a los Estados de ser demandados en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, los demandantes argumentan que el Título III de la Ley Helms-Burton constituye una excepción a esa inmunidad. Este caso también ha generado un debate intenso en la Corte Suprema, ya que varios jueces han expresado preocupación por los posibles precedentes que estos fallos podrían establecer, no solo en relación con Cuba, sino también para futuros casos contra otros países.
Hasta 2024, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia de EEUU había registrado casi 6.000 reclamos certificados por confiscaciones en Cuba, con un valor cercano a los 2.000 millones de dólares.
y las casas que se robaron los carros donde los dejan si hay demanda por ls negocios tienen que haber demanda por todo