
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, aproximadamente 13.5 millones de personas sin estatus legal podrían estar en riesgo de deportación. Este dato, proporcionado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en un informe reciente, pone de manifiesto el alcance de las políticas migratorias y su impacto en comunidades de diversas nacionalidades en Estados Unidos.
El informe del Colef revela que de los 13.5 millones de personas sin estatus legal, 4.9 millones son mexicanos. Una cantidad similar proviene de Centro y Sudamérica, así como del Caribe. Más de la mitad de los migrantes mexicanos sin papeles se concentran en California, Texas e Illinois, según datos del mismo estudio.
Para estimar estas cifras, los investigadores aplicaron un modelo “residual” basado en información del Censo de EEUU, que identifica a quienes no son ciudadanos estadounidenses ni tienen autorización para residir legalmente en el país.
Por su parte, el Pew Research Center destaca que 4.4 millones de menores y jóvenes bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) también se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aunque este esquema les otorga protección temporal contra la deportación, su estatus legal sigue siendo incierto, especialmente ante un cambio en las políticas migratorias.
Cubanos con I-220A: un caso aparte
En contraste, los cubanos con documentos I-220A o casos de asilo pendiente no se consideran indocumentados ni ilegales. Estos individuos, aunque con órdenes de deportación activas, tienen un estatus reconocido temporalmente. Cumplen con requisitos como presentarse ante autoridades migratorias, lo que les otorga cierta protección frente a la deportación inmediata.
Durante su primera administración (2017-2021), Donald Trump deportó 1.5 millones de inmigrantes, menos que Barack Obama, quien lideró con cerca de 5 millones entre 2009 y 2017. George W. Bush y Bill Clinton registraron cifras aún mayores, con 10 y 12 millones, respectivamente. En el año fiscal 2024, Joe Biden deportó 271.484 personas, el número más alto desde 2014.
Trump ha prometido endurecer las medidas migratorias, incluyendo el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la eliminación de las “ciudades santuario”. Su plan podría incrementar las deportaciones, pero el impacto exacto de estas políticas dependerá de la capacidad para su implementación.
Prioridades de deportación, según la administración Trump
- Individuos con antecedentes penales: Se enfocará en aquellos con condenas por delitos graves o violentos.
- Miembros de pandillas y organizaciones criminales: Aquellos asociados con actividades delictivas organizadas.
- Personas con órdenes finales de deportación: Inmigrantes que han agotado sus opciones legales y tienen órdenes de expulsión vigentes.

