El Gobierno cubano abrió la puerta a que negocios inmobiliarios con capital extranjero puedan comprar y vender propiedades residenciales en la isla, como parte de un paquete de transformaciones dirigido a atraer inversiones, generar divisas y reducir las trabas que durante años han desalentado la entrada de capital foráneo.
La información fue divulgada por el periódico oficial Granma tras una intervención de funcionarios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) en el programa televisivo Mesa Redonda. Los cambios permitirían ampliar las operaciones inmobiliarias, aunque las autoridades no han detallado todavía qué viviendas podrían comercializarse, quiénes estarían autorizados a adquirirlas ni bajo qué condiciones.
El anuncio no supone, al menos por ahora, una autorización general para que cualquier ciudadano o extranjero compre libremente una vivienda en Cuba. La medida mencionada por el medio oficial se refiere específicamente a negocios inmobiliarios vinculados con la inversión extranjera y forma parte de una reforma más amplia cuyo desarrollo jurídico continúa en marcha.
Negocios inmobiliarios podrán operar con propiedades residenciales
Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Mincex, explicó que el país prevé extender los periodos de usufructo, diversificar las actividades permitidas y conceder derechos de superficie por un plazo de hasta 90 años.
El derecho de superficie permite utilizar o explotar un terreno durante un periodo determinado sin que quien desarrolla el proyecto se convierta en propietario del suelo. Las autoridades subrayaron que el Estado cubano mantendrá la titularidad de los terrenos, incluso cuando se otorguen permisos prolongados para construir o desarrollar negocios.
De acuerdo con Granma, este esquema hará posible que empresas inmobiliarias con capital extranjero realicen operaciones de compraventa de propiedades residenciales. El Gobierno aseguró que buscará proteger los sitios relacionados con la historia, la cultura y el patrimonio nacional.
La información no aclara si las operaciones se limitarán a viviendas construidas dentro de nuevos proyectos inmobiliarios o si también podrán incluir inmuebles ya existentes. Tampoco especifica si las propiedades podrán venderse a ciudadanos cubanos, extranjeros residentes, empresas u otros inversionistas.
Esos detalles resultarán decisivos para conocer el verdadero alcance de una medida que podría modificar de forma considerable el reducido mercado inmobiliario de la isla.
Cuba prepara cambios legales para aplicar las medidas
Las autoridades cubanas reconocieron que será necesario modificar la Ley 118 de la Inversión Extranjera, el Código Civil y otras normas complementarias para ofrecer respaldo jurídico a todas las transformaciones anunciadas.
El 9 de julio entró en vigor el Decreto 153, que modificó el reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera. La norma busca agilizar la evaluación y aprobación de nuevos negocios, simplificar la documentación exigida y reducir determinados plazos administrativos.
Entre los cambios se establece que la Comisión de Evaluación de Negocios dispondrá de siete días hábiles para analizar algunas solicitudes. También se facilita la aprobación de aumentos o reducciones de capital que no modifiquen el porcentaje de participación de los socios.
Sin embargo, el propio artículo de Granma señala que el Gobierno todavía trabaja en las modificaciones legales necesarias para aplicar el conjunto de decisiones. La publicación asegura que las autoridades han comenzado a avanzar en la práctica, aunque el cronograma normativo todavía no está cerrado.
Por esa razón, la compraventa de propiedades residenciales debe entenderse como una apertura anunciada y no como una operación disponible de manera inmediata bajo reglas completamente definidas.
Contratación directa y cuentas bancarias fuera de Cuba
La reforma incluye otras concesiones importantes para los negocios con capital extranjero. Una de ellas es la eliminación de la obligación de contratar trabajadores mediante entidades empleadoras estatales.
Durante décadas, las empresas extranjeras no contrataban directamente a buena parte de su personal cubano, sino que pagaban a una entidad estatal intermediaria. El viceministro reconoció que ese sistema terminó convirtiéndose en una dificultad para los inversionistas y afirmó que el cambio permitirá una relación más directa entre empleadores y empleados.
Los negocios con inversión extranjera también podrán utilizar cuentas bancarias en otros países sin la intermediación de instituciones financieras cubanas. El Gobierno enmarcó esta facilidad dentro de un escenario de “dolarización parcial” y de las dificultades que enfrentan los bancos de la isla para realizar operaciones internacionales.
El paquete contempla además la participación de cubanos residentes en el exterior en inversiones destinadas al sector privado y la ampliación de las operaciones directas de comercio exterior para empresas estatales, mipymes y cooperativas, siempre que reciban la aprobación del Mincex.
Las medidas reflejan un intento del Gobierno por convertir la inversión extranjera en una fuente central de ingresos, empleo y financiamiento, en momentos en que la economía cubana atraviesa una prolongada crisis de liquidez, producción y acceso a divisas.
No obstante, el impacto real de la apertura inmobiliaria dependerá de las regulaciones que se publiquen, las garantías que reciban los inversionistas y la forma en que las nuevas operaciones se relacionen con las necesidades habitacionales de la población cubana.
