El gobierno cubano presentó un paquete de medidas que permitiría la entrada de inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas de la Isla, mediante la creación de compañías mixtas y contratos de asociación económica internacional.
La propuesta forma parte de un plan de 176 reformas económicas y sociales, estructuradas en 23 ejes, presentado durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realizada en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Las reformas son parte del nuevo programa económico impulsado por el presidente designado Miguel Díaz-Canel, quien admitió ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba que la Isla necesita cambios urgentes. En su discurso, el gobernante reconoció trabas generadas por la burocracia, la lentitud institucional y decisiones postergadas por su propia administración.
El paquete busca ampliar la autonomía empresarial, desmontar prohibiciones y abrir más espacios a la inversión privada y extranjera. Sin embargo, el alcance real de las medidas dependerá de su implementación, en un sistema donde las reformas suelen avanzar con fuertes controles políticos y administrativos.
Uno de los puntos más relevantes aparece en el llamado Eje 14, dedicado a las transformaciones en la inversión extranjera. La propuesta plantea estimular la participación de capital foráneo en empresas privadas y cooperativas, una modificación que rompería con restricciones históricas del modelo económico cubano.
⚠️⚠️Régimen abre la puerta a inversión extranjera en empresas privadas cubanas
El régimen cubano presentó este jueves nuevas medidas para flexibilizar el régimen de inversión extranjera en la Isla, incluyendo la posibilidad de que capital foráneo participe en empresas privadas y… pic.twitter.com/Bk1zIwN44l
— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) June 18, 2026
La medida permitiría crear empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional con actores no estatales. Para las Mipymes y cooperativas cubanas, representaría una vía potencial de acceso a financiamiento, tecnología, mercados y experiencia de gestión, en un contexto de baja productividad y falta de divisas.
El plan también propone extender el límite de los derechos de superficie hasta 99 años y los derechos de usufructo por más de 50 años para proyectos con inversión extranjera. Este tipo de concesiones busca ofrecer mayor estabilidad temporal a los inversionistas, una de las demandas frecuentes en un país marcado por cambios regulatorios y falta de garantías.
Otra transformación permitiría que los negocios con capital extranjero, en cualquier modalidad, abran cuentas bancarias en el exterior sin necesidad de autorización previa. No obstante, deberán notificar al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.
El paquete contempla además que los negocios inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales. También plantea eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar personal, una vieja exigencia de inversionistas extranjeros que durante años han cuestionado la intermediación estatal en la contratación laboral.
Otra medida permitiría que la inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas y opere con mayor flexibilidad en un entorno de dolarización parcial de la economía. También se prevé facilitar su acceso al mercado cambiario, un punto sensible debido a la coexistencia de varias tasas de cambio y a la escasez de moneda extranjera.
El régimen también anunció la intención de reducir documentación y plazos, así como descentralizar la aprobación de proyectos de inversión extranjera. El paquete incluye aplicar el llamado silencio administrativo positivo en procesos de permisos relacionados con licencias para actividades económicas, financieras y comerciales.
Esto significa que, si la autoridad no responde dentro del plazo establecido, la solicitud podría considerarse aprobada. La medida busca reducir demoras burocráticas, aunque todavía no se conocen los mecanismos concretos para aplicarla ni los límites que impondrá el Estado.
El plan también permitiría inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales, áreas hasta ahora sometidas a regulaciones especiales por su valor histórico, turístico y urbanístico.
Esa apertura podría atraer capital hacia proyectos inmobiliarios, comerciales y de servicios, pero también genera interrogantes sobre protección patrimonial y acceso de los cubanos a esos espacios.
En materia de precios, el Eje 13 propone descentralizar la aprobación de precios y tarifas hacia empresas y administraciones territoriales y locales. Asimismo, plantea abandonar la formación de precios basada en el método de gastos y sustituirla por referencias de mercado o correlación dentro de la cadena de valor.
El Eje 15, dedicado al comercio exterior, busca fomentar exportaciones de bienes y servicios mediante descentralización de facultades, incentivos diferenciados e integración productiva con capital extranjero. El objetivo declarado es elevar el valor total de las exportaciones y lograr una balanza comercial superavitaria de forma sostenida.
Las medidas llegan después de años de deterioro económico, apagones, escasez, inflación y falta de divisas. Aunque el régimen presenta el paquete como una respuesta de emergencia, el desafío será demostrar que esta vez las reformas no quedarán atrapadas en los mismos controles que han frenado durante décadas la capacidad productiva del país.
