El agravamiento de la crisis energética en Cuba, tras la reducción casi total del suministro de petróleo desde enero, ha reactivado las alertas sobre un posible estallido social en la Isla ante un creciente descontento por la falta de soluciones a este problema.
El régimen castrista actualmente se encuentra ante dos frentes, por una parte, la presión de Estados Unidos, que por medio de amenazas de sanciones controla el arribo de petróleo a la Isla, y por el otro el malestar ciudadano a causa de los apagones, escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos, un escenario similar previo a las protestas de 2021.
Al ofrecer un análisis del actual descontento popular en Cuba, el profesor de Historia y catedrático de Estudios Cubanos y Cubanoestadounidenses de la Universidad de Miami, Michael Bustamente, comentó al New York Times que existen señales para un levantamiento popular.
El especialista tomó como ejemplo la irrupción por parte de decenas de personas a la sede del Partido Comunista de Cuba en Morón, Ciego de Ávila, primera vez que un oficina gubernamental sufre un incidente de este tipo en los casi 70 años de castrismo en la Isla.
“Si los ciudadanos, al menos en la relativamente pequeña ciudad de Morón, están intentando quemar la sede del Partido Comunista después de menos de tres meses de crisis energética, ¿qué harán otros cinco o seis meses?”, dijo Bustamante.
Sin embargo, el especialista y otros colegas advierten que un levantamiento nacional sigue siendo poco probable en el corto plazo. La razón principal es la ausencia de una oposición articulada dentro del país, con liderazgo visible, estructura de movilización y capacidad para disputar poder.
“No existe una María Corina Machado”, dijo el académico, en referencia a la dirigente opositora venezolana. En este contexto, se encuentra la negación de indulto a conocidos líderes opositores, como Luis Manuel Otero Alcántara, o exilios forzados, como el ocurrido con José Daniel Ferer.
Además, otro obstáculo para una manifestación masiva es la criminalización de la disidencia con delitos como “difamación”, “desacato” y “ciberterrorismo”, que conllevan penas de prisión.
Por su parte, el presidente designado de la Isla, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido la frustración popular tras los hechos en Morón, pero atribuye el malestar al bloqueo petrolero de Estados Unidos.
El gobernante cubano ha evitado a asumir responsabilidades directas por la crisis interna, pese a que el colapso energético, el desabastecimiento y la parálisis económica son consecuencia también de la ineficiencia estructural del modelo impuesto por el régimen.
Inclusive, el gobierno aún continúa organizando actos de “reafirmación revolucionaria”, para demostrar que tiene un respaldo popular tras protestas, pero la mayoría de estos eventos son con gente obligada a asistir o se difunden con trucos de encuadre para mostrar en las imágenes una respuesta masiva, cuando en realidad el evento solo tiene a pocas personas a su alrededor.
En este contexto, organizaciones independientes han detectado un aumento de las propuestas populares. Según Cubalex, en enero se registraron al menos 30 actos de inconformidad popular y, hasta el mes de marzo, ya suman 229.
