El año 2025 termina en Cuba con un marcado retroceso en uno de los indicadores más sensibles del sistema de salud: la mortalidad infantil. La tasa nacional alcanzó los 9,8 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, la cifra más elevada en más de dos décadas y un salto preocupante respecto al 7,0 registrado el año anterior.
Las cifras fueron confirmadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en una sesión del Consejo de Ministros celebrada en La Habana, donde reconoció abiertamente el empeoramiento del indicador. “Pese a las acciones realizadas, se deteriora la mortalidad infantil”, afirmó el funcionario en una declaración que evidencia la magnitud de la crisis sanitaria que atraviesa el país.
El aumento de la mortalidad infantil se produce en un contexto de deterioro sostenido del sistema de salud pública, marcado por la escasez crónica de medicamentos, la falta de insumos básicos, el déficit de personal médico y el deterioro de la infraestructura hospitalaria.
A ello se suma una compleja situación epidemiológica, con la circulación simultánea de enfermedades como dengue, chikungunya y otras arbovirosis, que ha incrementado la presión sobre hospitales y policlínicos.
Marrero aseguró que el Ejecutivo continúa aplicando el Programa para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, aunque admitió que los resultados obtenidos hasta ahora han sido limitados. Según explicó, el Ministerio de Salud Pública (Minsap), en coordinación con BioCubaFarma, opera bajo “esquemas cerrados en divisas” que disponen de alrededor de 200 millones de dólares para la adquisición de medicamentos y equipamiento médico.
No obstante, el propio primer ministro reconoció que esos recursos no alcanzan para estabilizar el suministro del Cuadro Básico de Medicamentos, cuya disponibilidad sigue siendo irregular en todo el país. “Se han dado pasos discretos en la recuperación de la calidad de los servicios, pero aún son insuficientes los ingresos para lograr mayores resultados”, señaló.
El repunte de la mortalidad infantil confirma así un deterioro estructural del sistema sanitario cubano y plantea serias alertas sobre la capacidad del Estado para proteger a los sectores más vulnerables de la población, en un escenario donde las carencias materiales y financieras continúan condicionando la atención médica básica.
