Cuba: crearán ley de expropiación por «razones de utilidad pública o interés social»

Capitolio de La Habana, antigua sede del congreso de la República de Cuba antes de 1959 y símbolo de una democracia que ya no existe en la Isla.

El gobierno cubano, por medio del ministerio de Finanzas y Precios (MFP) impulsa una ley para formalizar la expropiación de bienes y propiedades “por razones de utilidad pública o interés social”.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, disponible en el portal web del MFP, el instrumento legal servirá como “medio de actuación del Estado para la satisfacción de intereses generales como forma de adquisición de bienes y derechos para el patrimonio estatal”.

El texto que deberá ser aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde todos los diputados del Partido Comunista votan en unanimidad, “designa a los sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinar esa utilidad o necesidad”.

¿Quiénes declararán un bien o propiedad como “utilidad pública o interés social”?

• El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo
• Los jefes de organismos de la Administración Central del Estado
• El Gobernador provincial
• El Consejo de la Administración
• Los directores de las Oficinas de las Zonas Especiales de Desarrollo

El anteproyecto de ley revela en su artículo 12 que cuando la declaración de utilidad pública o interés social sea emitida por el Consejo de Ministros, se puede designar al jefe del Organismo de la Administración Central del Estado relacionado directamente con el fin al que se afectará lo expropiado, para que actúe como promovente del proceso de expropiación forzosa ante el tribunal competente.

El gobierno cubano dice que cuando la nueva ley de expropiación esté en vigor va a “ofrecer todas las garantías jurídicas para los inversores extranjeros” en Cuba, de conformidad con la Ley N.º 118, de la Inversión Extranjera, establecida el 29 de marzo de 2014.

Además, las expropiaciones se harán en correspondencia con la Constitución de 2019. Según lo dispuesto en el artículo 58 de la “ley de leyes”, se autoriza la expropiación de bienes, únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Cuba todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) responden al Partido Comunista de Cuba (PCC). De hecho, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel es también el primer secretario del Comité Central del PCC.

Tras 1959 el gobierno cubano expropió la mayoría de las grandes empresas que estaban presentes en la Isla y en muchos casos nunca se pagó indemnización a sus antiguos propietarios catalogados de burgueses por el nuevo gobierno.

En 1968 comenzó un proceso de estatización de todos los pequeños negocios de la economía (desde una barbería hasta una pequeña cafetería). Tras casi 50 años funcionando bajo el esquema burocrático e ineficiente del Estado, el propio gobierno autorizó una liberalización de esos espacios hacia el conocido Trabajo por Cuenta Propia (TCP).