El Tribunal Supremo Popular de Cuba emitió el Dictamen No. 476, fechado el 20 de junio de 2025, con nuevas precisiones sobre el tratamiento penal a los delitos relacionados con drogas sintéticas, en particular los cannabinoides artificiales conocidos como “químico”, cuya presencia ha sido detectada en el país.
El documento, de alcance nacional, establece que estas sustancias psicoactivas, entre ellas DMB-4en-PINACA, MDMB-FUBINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA y ADB-4en-PINACA, deben ser tratadas judicialmente como estupefacientes, con el propósito de cerrar vacíos legales y evitar interpretaciones restrictivas en procesos penales.
El dictamen refuerza que el tráfico, distribución, tenencia o consumo de estas sustancias podrá ser sancionado bajo el Código Penal vigente, cuyas penas oscilan entre 6 meses y 30 años de prisión, según la gravedad del delito, la cantidad ocupada, el grado de organización o si hay menores implicados.
En casos agravados, como redes de tráfico internacional, reincidencia o uso de cargos públicos, las penas pueden alcanzar la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, de acuerdo con lo previsto en los artículos 235 a 238 del Código Penal cubano.
El texto legal responde a un aumento en la circulación de cannabinoides sintéticos en el país. Estas sustancias, altamente adictivas y difíciles de detectar, ingresan ocultas en productos cotidianos o mediante envíos postales, lo que representa un desafío para los cuerpos de seguridad y salud pública.
Los expertos alertan sobre los efectos graves de los cannabinoides sintéticos, que van desde episodios psicóticos y daño renal hasta convulsiones o muerte. A diferencia del cannabis natural, su composición química puede variar en cada lote, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones.
El dictamen también pretende dar herramientas jurídicas claras a fiscales y jueces para actuar ante nuevos escenarios delictivos relacionados con estas sustancias. Con ello, se refuerza el principio de legalidad y se evita la impunidad en casos donde la sustancia aún no esté en los listados clásicos de drogas controladas.
Con esta actualización legal, el sistema judicial cubano busca responder con mayor eficacia ante una amenaza emergente que pone en riesgo la salud pública y que, según las autoridades, podría estar asociada a redes del narcotráfico regional.
Condenan a 20 años de prisión a joven involucrado en tráfico de drogas
El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a finales del mes de mayo a tres ciudadanos a penas de 15, 18 y 20 años de prisión por tráfico de drogas, en un juicio calificado por la prensa oficialista como “ejemplarizante”.
El proceso, celebrado en la Sala de los delitos contra la seguridad del Estado, incluyó pruebas periciales, documentales y testimoniales que vincularon a los acusados con la venta interprovincial de cocaína para obtener beneficios personales ilícitos.
Las sanciones, basadas en el artículo 151 del Código Penal, incluyen además la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes ocupados.
El Ministerio del Interior afirmó que el juicio se enmarca en la política de “tolerancia cero contra las drogas”, y busca ratificar el compromiso del Estado cubano con la estabilidad social y la tranquilidad ciudadana. Las sentencias reflejan la gravedad con que se castigan estos delitos en la isla.
