Una operación de la Policía Nacional de España, denominada “Rapax”, descubrió una compleja red de fraude en subvenciones públicas, que utilizó a Cuba como uno de los destinos clave para el desvío de fondos, informó el Diario de Cádiz.
La investigación culminó con el arresto de cinco personas en la provincia de Cádiz y la desarticulación de la organización criminal, cuyas operaciones le permitieron obtener de manera ilícita siete millones de euros.
El operativo implicó registros en varias localidades como Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. La labor de los detectives también permitió el bloqueo de 48 cuentas bancarias.
La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos a través del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus).
Según los investigadores, los implicados presentaron dos expedientes a nombre de sociedades diferentes, aunque estaban coordinadas y actuaban como un solo grupo. A través de documentación falsa, simularon inversiones y operaciones industriales que nunca se llevaron a cabo, para acceder indebidamente a los fondos públicos.
Una vez recibidos los fondos, la organización criminal creó un entramado mercantil con más de 15 empresas, tanto dentro como fuera de España, con el objetivo de ocultar el origen del dinero y facilitar su traslado internacional.
Cuba, junto a países como Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí, integra un circuito utilizado para desviar los fondos y darles apariencia de legalidad al movimiento del dinero.
Esta conexión con la Isla refuerza las sospechas sobre el uso de Cuba como destino para operaciones financieras opacas, que aprovechan vacíos de control y estructuras empresariales débiles para mover capitales ilícitos.
El operativo también permitió la incautación de dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentación, que ahora está bajo análisis. La Policía detuvo a los principales cabecillas de la red, así como a tres familiares que actuaban como testaferros, ayudando a ocultar el patrimonio de los implicados.
Los cinco detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, mientras que la investigación sigue abierta, con la posibilidad de nuevas imputaciones y más vínculos con Cuba a medida que se analizan las pruebas incautadas.
