El régimen cubano responsabilizó nuevamente al embargo de Estados Unidos por las carencias del sistema de salud, esta vez tras denunciar la retención en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, de dos contenedores con medicamentos destinados a la Isla.
Sin embargo, el episodio ocurre en un contexto de deterioro sanitario que comenzó mucho antes de las recientes restricciones al transporte marítimo y que diversos especialistas atribuyen a años de mala gestión económica, falta de inversión en servicios públicos y la prioridad otorgada por el Gobierno al desarrollo turístico.
La empresa estatal MediCuba S.A. informó que la naviera alemana Hapag-Lloyd mantiene retenidos dos contenedores con tabletas de valproato de sodio de 500 miligramos, un medicamento utilizado para tratar la epilepsia.
Según la compañía, la naviera se negó a completar el envío alegando el cumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
A partir de esa situación, el periódico oficial Granma sostuvo que la retención del fármaco representa un riesgo para miles de pacientes, incluidos niños y adultos mayores, debido a que la epilepsia requiere un tratamiento continuo para evitar complicaciones.
MediCuba también exigió la liberación inmediata de la carga, no obstante, la crisis del sistema sanitario cubano no comenzó con este incidente ni con la suspensión de operaciones anunciada en mayo por Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM.
Desde hace años, hospitales y policlínicos enfrentan una escasez crónica de medicamentos, material quirúrgico, combustible y equipos médicos, una situación que se ha agravado progresivamente.
Hace unos meses, el propio régimen admitió que 95% de la plantilla básica de medicamentos está ausente en la Isla y que los centros de salud carecen de insumos básicos como jeringuillas, equipos de venoclisis y antibióticos.
Explicó que muchos pacientes dependen de donaciones familiares o del mercado informal para recibir atención, mientras los recursos disponibles se reservan casi exclusivamente para casos considerados de extrema gravedad.
Aunque las restricciones comerciales impuestas por Washington han dificultado algunas operaciones financieras y logísticas, el embargo estadounidense contempla excepciones para la exportación de alimentos y medicamentos hacia Cuba.
Empresas estadounidenses venden regularmente productos agrícolas y alimentos a la Isla, y la legislación también permite la exportación de medicamentos bajo determinados procedimientos de autorización.
Por ello, economistas y analistas han señalado que buena parte del deterioro de los servicios públicos responde a decisiones internas sobre la distribución del presupuesto estatal.
Mientras hospitales, farmacias y el Sistema Eléctrico Nacional continúan operando en condiciones críticas, el régimen ha mantenido millonarias inversiones en hoteles y proyectos turísticos.
Uno de los ejemplos más recientes es la inauguración del complejo recreativo El Náutico, en La Habana, presentado como una nueva apuesta para atraer visitantes extranjeros.
El proyecto cuenta con paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía, suministro estable de agua y recursos que contrastan con la realidad de millones de cubanos que soportan apagones diarios, escasez de agua potable y falta de alimentos.
La misma explicación oficial utilizada ahora para justificar la retención de medicamentos también ha sido empleada en semanas recientes para atribuir al embargo la demora de piezas de repuesto destinadas a la termoeléctrica Antonio Guiteras y la permanencia de decenas de contenedores retenidos en puertos del Caribe, entre ellos uno con más de 3,5 millones de jeringuillas donadas para Santiago de Cuba.
Mientras el Gobierno insiste en responsabilizar a las sanciones estadounidenses por el colapso de sectores esenciales, continúan las críticas por la falta de inversión en infraestructura eléctrica, hospitales y servicios básicos.
Esa política de prioridades ha coincidido con el agravamiento de los apagones, el deterioro de la atención médica y una creciente inconformidad social que en los últimos meses ha derivado en nuevas protestas en distintas provincias del país.
