Las plataformas feministas independientes YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la Revista Alas Tensas (OGAT) han contabilizado 15 feminicidios en el territorio cubano durante el actual año.
La cifra no puede ser considerada exacta debido a la falta de transparencia del gobierno cubano en materia de seguridad. Dichas plataformas han detectado ese número de casos a través de contacto de testigos y denuncias en redes sociales.
Estos asesinatos relacionados con la violencia de género han ocurrido en provincias como Las Tunas, Artemisa, La Habana, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Camagüey y Granma.
El último caso reportado por dichas organizaciones se trata del asesinato de Rosa María Santana Álvarez, una joven madre de aproximadamente 29 años, quien fue apuñalada por su expareja el pasado domingo 4 de mayo en la Base de Campismo Popular La Hormiga, en el Escambray, municipio de Fomento, Sancti Spíritus.
Según informes, el agresor se encuentra identificado como Yoandri Alonso, alias El Colorao. La víctima falleció en el lugar de los hechos, dejando huérfanos a dos hijos pequeños. El crimen ocurrió en un espacio recreativo frecuentado por familias, lo que ha intensificado el impacto en la comunidad local. Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de dicho sujeto.
La falta de transparencia por parte del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República sigue siendo un obstáculo para visibilizar y prevenir estos crímenes, advierten las activistas.
Las mencionadas organizaciones, que en los últimos años han ofrecido un panorama de la violencia de género en la Isla, tienen bajo investigación posibles casos de feminicidio en las provincias de Artemisa, Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana.
El gobierno cubano ha anunciado la creación de un registro de violencia de género con el objetivo de analizar las causas y consecuencias de los feminicidios, identificar a los grupos más vulnerables y dirigir las intervenciones preventivas. No obstante, la decisión de no hacer público este registro ha suscitado dudas sobre la efectividad de la medida para abordar el problema de manera transparente.
El registro está siendo desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluye a la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo Popular y la Universidad de las Ciencias Informáticas.
A pesar de las expectativas sobre la utilidad de este sistema para proporcionar información relevante sobre la violencia de género, la falta de transparencia ha generado escepticismo entre grupos feministas y defensores de los derechos de las mujeres. Estas organizaciones insisten en que los datos deben ser públicos y accesibles para garantizar un seguimiento efectivo de las políticas implementadas.
