El Tribunal de Apelación de Londres recientemente desestimó el recurso presentado por el antiguo Banco Nacional de Cuba (BNC) en su litigio contra el fondo inversor CRF I Limited, que reclama el pago de 72 millones de euros correspondientes a una deuda soberana derivada de dos préstamos contratados por el régimen cubano.
El fallo ratifica la legitimidad de CRF como acreedor a la antigua entidad cubana, que precede al Banco Central de Cuba (BCC), y allana el camino para un nuevo proceso en el que se exigirá el pago de la deuda.
Inicio del conflicto: Cuba contrae dos créditos con bancos europeos
El conflicto de la deuda que enfrenta al régimen cubano con el fondo inversor CRF I Limited, radicado en las Islas Caimán, se remonta a 1984, cuando la Isla contrajo dos créditos con los bancos europeos Crédit Lyonnais y L’Istituto Bancario Italiano.
Estas transacciones, garantizadas por el Banco Nacional de Cuba (BNC), terminaron transformándose en un símbolo de las tensiones económicas y políticas del país con sus acreedores internacionales.
Fidel Castro: “una deuda impagable”
En 1987, Fidel Castro declaró “impagable” la deuda externa de Cuba, dejando de cumplir con las obligaciones financieras pactadas con entidades internacionales. Este impago se mantuvo durante décadas, hasta que Raúl Castro asumió el poder en 2006 e inició gestiones para reestructurar la deuda con el Club de París, del cual también forma parte CRF I.
En el marco de las gestiones, Cuba consideró a CRF como un “fondo buitre” con el fin de dar por cerrado los pagos correspondientes a la deuda. Ese tipo fondo compra en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países, para reclamar el pago inmediato de su 100% bajo amenaza de demanda judicial.
Raúl Olivera Lozano va a la cárcel por corrupción
A fin de encontrar un culpable y continuar con las intenciones de no saldar la deuda, el régimen castrista encarceló a Raúl Olivera Lozano, un exfuncionario de BNC, acusado de facilitar el traspaso de la deuda a CRF mediante un presunto soborno.
En 2021, el régimen lo condenó a prisión, pero al iniciar el juicio correspondiente al caso, la jueza Sara Cockerill desestimó el testimonio presentado por Cuba, calificándolo de insuficiente para invalidar la legitimidad del fondo como acreedor.
Mientras tanto, expertos en finanzas internacionales argumentaron que las formalidades internas alegadas por Cuba no deberían interferir en los procesos legales internacionales que rigen las inversiones en deuda soberana.
Primer día en el tribunal británico
El 23 de enero de 2023 comenzó el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Londres, con CRF I Limited como demandante. El fondo acusó al BNC y a la República de Cuba de no saldar una deuda de 72 millones de euros. La jueza Sara Cockerill dictaminó que el tribunal tiene jurisdicción sobre el caso, pero eximió al Estado cubano de responsabilidad directa, limitando el litigio al BNC.
El fallo generó reacciones diversas. Para el régimen cubano, la decisión fue presentada como una “victoria técnica”, ya que impide la confiscación de bienes estatales y bloqueos financieros internacionales. Sin embargo, CRF I celebró ser reconocido como acreedor legítimo, un paso clave para su reclamación.
Las apelaciones de ambas partes
Tanto el BNC como CRF I apelaron el fallo. Por un lado, el BNC insistió en que el fondo actuó de “mala fe” al adquirir la deuda y que el traspaso fue ilegal debido a la ausencia de las autorizaciones requeridas por las leyes cubanas. Según la defensa castrista, este cambio de acreedor debería haber contado con el visto bueno del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, algo que no ocurrió.
Por su parte, David Charters, presidente de CRF I, aseguró que la apelación cubana no alteraría el resultado final. En su opinión, el reconocimiento del fondo como acreedor legítimo refuerza su posición y desmonta la narrativa de “fondo buitre” promovida por el régimen. En este sentido, el fondo inversor también llegó a presentar una apelación sobre el fallo del tribunal.
No procede la apelación emitida por el régimen castrista
Como se menciona al inicio de este artículo, la apelación presentada por el gobierno cubano no procedió en el tribunal británico. Según Jeet Gordhandas, representante del fondo inversor registrado en las Islas Caimán en 2009, esta decisión representa “un hito fundamental” en sus esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales.
El fallo permite a CRF avanzar con un juicio para exigir el pago de la deuda, pese a las objeciones de la referida entidad cubana. Durante el proceso, el gobierno de la Isla acusó a CRF de usar el litigio como una estrategia para bloquear el acceso de Cuba a los mercados financieros internacionales y presionar por el cobro de toda su cartera de deuda impagada.
