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Cubalex denuncia al juez y represor castrista Yurisander Diéguez Méndez
El magistrado ha condenado hasta 12 años de prisión a manifestantes que participaron en las protestas masivas del pasado 11 de julio
La organización defensora de los derechos humanos Cubalex, reveló el rostro y nombre de uno de los jueces que ha dictado injustas condenas contra manifestantes de las protestas masivas, ocurridas el pasado 11 de julio.
Yurisander Diéguez Méndez es el nombre del magistrado castrista, que desde un tribunal en la provincia de Artemisa sentenció a 13 ciudadanos por participar en el estallido social.
“Pongamos rostros a los funcionarios que están procesando a los manifestantes sin las garantías del debido proceso. Ellos no están respondiendo a la justicia, están respondiendo al gobierno”, indica el post de la organización a cargo de la abogada cubana Laritza Diversent.
Los procesados recibieron hasta 12 años de privación de la libertad por haber cometido los supuestos de delitos de “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “ultraje a los símbolos patrios”.
Ellos son Luis Giraldo Martínez Sierra, Yeremin Salcine Jane, Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, José Alberto Pío Torres, Iván Hernández Troya y Yoslen Domínguez Víctores.
Asimismo, Javier González Fernández, Alexander Díaz Rodríguez, Eduard Bryan Luperon, Yurien Rodríguez Ramos, Yoselin Hernández Rodríguez y Leandro David Morales Ricondo.
En un documento, revelado por el portal independiente 14yMedio, se acusa a estas personas de haber caminado en la vía pública obstruyendo el tráfico y gritar consignas contra el presidente Miguel Díaz-Canel, la Seguridad de Estado y la Policía Nacional Revolucionaria.
En 2008, Diéguez Méndez se graduó como abogado en la Isla de la Juventud y unos años después fue electo juez profesional suplente no permanente del Tribunal Popular de este municipio especial.
Posteriormente, asumió el cargo de presidente del Tribunal Popular Municipal de Mariel, en la citada provincia.
El informe mensual de Prisoners Defenders precisó que, de los 1.007 casos activos de prisioneros políticos, unos 869 participaron en el estallido social que se vivió en todo el territorio nacional con exigencias de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.
La organización, con sede Madrid, detalló que 629 de los manifestantes han sido procesados y 257 de ellos han recibido penas superiores a más de 10 años de privación de la libertad.
El gobierno comunista les ha impuesto cargos por supuestamente cometer delitos como “desórdenes públicos”, “sedición”, “desacato”, “daños”, “atentados” y “propagación de epidemia”, entre otros.
