La cubana Lubby Navarro, exmiembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, quien llegó a ocupar la vicepresidencia de este órgano, se declaró culpable este martes de hurto mayor en tercer grado por haber usado más de 100.000 dólares de fondos del distrito en compras personales no autorizadas, informó Telemundo 51.
Como parte del acuerdo con la fiscalía, fue sentenciada a 14 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional, además del pago de más de 101.000 dólares en restitución y la prohibición de ejercer cargos gubernamentales mientras dure su supervisión.
Durante la audiencia, Navarro pidió disculpas de forma directa a los estudiantes del sistema escolar. “Quiero comenzar pidiendo disculpas a los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade”, dijo ante la corte.
La exfuncionaria, que representó al Distrito 7 y fue arrestada en enero de 2024, aceptó así responsabilidad penal en un caso que durante meses expuso el uso de dinero público para fines privados.
De acuerdo con los fiscales, ella realizó una ola de compras con tarjetas de crédito emitidas por el distrito escolar antes de renunciar a su cargo. La investigación sostiene que más de 92.000 dólares fueron gastados en establecimientos como Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, entre otros, en productos que no guardaban relación con funciones públicas.
La exfuncionaria compró para uso personal electrodomésticos, equipos electrónicos, ropa, productos de salud y belleza, muebles, alimentos, artículos para el hogar y tarjetas de regalo.
El expediente también incluyó gastos de viaje por más de 9.000 dólares. Según la acusación, esos desembolsos cubrieron boletos de avión, hoteles, alquileres de autos y comidas.
Las autoridades sostienen que con ese dinero se financiaron viajes a República Dominicana, Las Vegas y Disney World para familiares y allegados. Parte de los fondos también habría sido usada para adquirir equipos destinados a un negocio vinculado a su entonces pareja, entre ellos un refrigerador comercial, un congelador tipo arcón, un enfriador de vino y una máquina de espresso.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, enmarcó el caso como una violación de la confianza pública. En una declaración difundida tras la admisión de culpabilidad, señaló que los funcionarios están en posiciones de autoridad para proteger la calidad de vida de la comunidad y no para utilizar recursos públicos en su beneficio personal.
El caso golpea además la trayectoria pública que Navarro había construido durante años. En 2022 fue elegida presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, una organización de alcance nacional en Estados Unidos.
En ese momento, la propia entidad la presentó como nacida en La Habana, residente en Miami desde hacía más de 35 años y miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade por más de siete años.
Su ascenso político y comunitario había estado ligado al discurso del servicio público y la representación latina. Por eso, la declaración de culpabilidad no solo tiene consecuencias penales, sino también simbólicas.
Antes del acuerdo, Navarro enfrentaba varios cargos de fraude organizado y hurto, en un proceso que debía ir a juicio en este mes de abril. La fiscalía sostenía que logró ocultar parte del esquema alterando recibos y justificando gastos ante personal administrativo del distrito.
