Cubanos son parte de los recientemente detenidos por la Oficina de Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés), debido a un esquema para obtener fraudulentamente permisos de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.
Los sospechosos arrestados se encuentran identificados como: Liane Quintero, Ryan Carbonell, Roberto López, Jorge Yanes, Irene Oria, Juan Aristizabal, Etian Vila, Camilo Padilla, Kristina Drobachevskaia, Alexander Campo y Rafael Brito Díaz.
El esquema fraude con los permisos
Según las autoridades, el esquema utilizaba documentos y certificaciones médicas presuntamente falsificados para conseguir distintivos que permiten estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad.
Los investigadores determinaron que algunos solicitantes recurrían a intermediarios que cobraban hasta 200 dólares por gestionar la documentación. Estas personas presuntamente preparaban o conseguían formularios de certificación de discapacidad que contenían firmas atribuidas a médicos que, en algunos casos, nunca habían examinado ni atendido a los supuestos pacientes.
Una vez obtenida la documentación, los solicitantes la utilizaban para tramitar los permisos correspondientes. Durante la revisión de los expedientes, los detectives comenzaron a detectar discrepancias y contactaron con los médicos cuyos nombres aparecían en las certificaciones.
Algunas de esas verificaciones revelaron que los profesionales no tenían relación alguna con los solicitantes. Uno de los hallazgos más llamativos involucró documentos atribuidos a médicos que ya no podían haber certificado ninguna discapacidad.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, informó que al menos una solicitud contenía la firma de un médico que se había retirado en 2020 y falleció en 2025.
Auditoría de casi 42.000 solicitudes destapó irregularidades
La investigación comenzó después de una auditoría iniciada en diciembre de 2025 por la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández. La revisión abarcó solicitudes de permisos permanentes y temporales presentadas durante los 24 meses anteriores.
Para junio de 2026, las autoridades habían analizado cerca de 42.000 solicitudes. Como resultado de ese proceso, 5.656 permisos fueron cancelados, una cantidad equivalente aproximadamente al 14% de los expedientes revisados hasta ese momento.
Las irregularidades se hicieron todavía más evidentes durante una fase posterior de la auditoría. De 7.349 solicitudes examinadas, 6.190 no superaron la revisión. Aquellos casos donde aparecieron indicios de posibles delitos fueron remitidos a la Oficina del Sheriff para investigaciones más exhaustivas.
Autoridades advierten que podrían producirse más arrestos
Cordero-Stutz afirmó que la investigación continúa activa y anticipó la posibilidad de nuevas detenciones. La sheriff subrayó que los distintivos no representan únicamente una ventaja para estacionar, sino un recurso necesario para residentes que enfrentan verdaderas limitaciones de movilidad.
Dariel Fernández también señaló que cada permiso obtenido fraudulentamente perjudica directamente a quienes sí cumplen los requisitos, debido a que aumenta la posibilidad de que los espacios reservados sean ocupados por personas que no los necesitan.
Según la legislación de Florida citada en la investigación, proporcionar información falsa para conseguir fraudulentamente un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad puede constituir un delito menor de primer grado. Una condena podría implicar hasta un año de cárcel, una multa máxima de 1.000 dólares o ambas sanciones.
