Un trabajador de la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, en Matanzas, enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión tras ser acusado de sabotaje. El juicio, llevado a cabo por la Sala de Delitos Contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, analiza el impacto de su acción en la economía estatal.
El acusado, quien había trabajado anteriormente como custodio en la fábrica, ingresó ilegalmente hace más de un año a las instalaciones trepando el muro perimetral. Una vez dentro, cortó cuatro cables que conectaban la pizarra al batching plant automatizado, lo que provocó la paralización de la producción de materiales de construcción.
La interrupción afectó directamente la entrega de prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), una operación clave para mejorar la infraestructura tecnológica del país. El retraso en la producción generó pérdidas económicas superiores a los 174 mil pesos cubanos (CUP). Dicho cálculo presentado por la fiscalía agrava el delito cometido.
Una nota del periódico oficialista Girón, que detalla los pormenores del juicio oral, no indica las motivaciones que guiaron al hombre para cometer el susodicho sabotaje. Según la fiscal encargada del caso, el delito de sabotaje contempla una sanción de entre siete y 15 años de prisión. La ley establece que cualquier acción que obstaculice el funcionamiento normal de una instalación industrial o económica puede ser castigada con severidad.
No obstante, las autoridades judiciales señalaron que, además del impacto financiero, el sabotaje afectó a los trabajadores del centro, quienes vieron reducidos sus ingresos debido a la paralización de las actividades.
En su informe oral, la fiscal destacó que el país enfrenta serias dificultades económicas, por lo que cualquier acto que afecte la producción nacional agrava la crisis. Subrayó la necesidad de proteger los recursos estatales en un contexto de escasez y esfuerzos por reimpulsar la economía.
De acuerdo con la versión del régimen castrista, el juicio se desarrolló con la presencia de familiares del acusado y según el tribunal, se respetaron las garantías legales establecidas en la Constitución cubana. No obstante, el veredicto final aún está pendiente.
Este caso reaviva el debate sobre la crisis industrial en Cuba y la responsabilidad penal en hechos que afectan la economía estatal. Expertos advierten que este tipo de procesos buscan establecer precedentes para desalentar acciones similares. La sentencia podría conocerse en los próximos días.
