Desde su regreso a la presidencia el 20 de enero de 2025, Donald Trump ha implementado medidas para restringir la inmigración ilegal. Ha prohibido el asilo para migrantes detenidos en la frontera sur y ha desplegado tropas adicionales para reforzar la seguridad. Después de más de 40 días en el gobierno, se han publicado datos oficiales relevantes sobre la cantidad de detenciones y migrantes deportados.
Por ejemplo, durante el mes de febrero, los arrestos en la frontera cayeron a 8.300, un nivel históricamente bajo si se le compara con los 141.000 del mismo mes en 2024 y los 29.000 en enero de 2025.
Las detenciones de inmigrantes sin estatus legal han aumentado drásticamente. En las primeras tres semanas de la nueva administración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 14.000 personas, con un promedio de 667 detenciones diarias. En la primera semana, los arrestos llegaron hasta 1.200 por día, pero la falta de espacio en los centros de detención redujo esa cifra.
El número de inmigrantes sin antecedentes penales arrestados aumentó un 334% en menos de dos meses. ICE reportó en febrero un total de 44.000 detenidos, superando su capacidad financiada de 41,500. Para enfrentar la saturación, el gobierno ha recurrido a empresas privadas como Geo Group y CoreCivic, además del uso de instalaciones militares.
En su primer mes, la administración Trump deportó a 37.660 personas, una cifra inferior al promedio mensual de 57.000 registrados durante el último año completo de Joe Biden. Sin embargo, en su primer mandato, Trump inició con cifras altas, aumentando hasta 2019, pero en 2020 cayeron debido a la pandemia. Su estrategia se basó en deportaciones agresivas, eliminando restricciones y ampliando detenciones.
Biden, en cambio, comenzó con cifras bajas en 2021 y 2022, reflejando una postura más moderada. Sin embargo, en 2024 presionado por las elecciones, aumentó las deportaciones drásticamente, alcanzando el nivel más alto en una década.
Hace tres semanas, la Casa Blanca ha firmado acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para facilitar la deportación de inmigrantes de distintas nacionalidades. El gobierno revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de venezolanos y haitianos, aumentando el número de migrantes en riesgo de expulsión. Las fuerzas militares han sido involucradas en operativos de deportación con vuelos a Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú e India.
El Senado aprobó un aumento de 85.000 millones de dólares anuales durante cuatro años para reforzar la seguridad fronteriza. Estos fondos permitirán ampliar los despliegues militares y mejorar la infraestructura de vigilancia. La Casa Blanca asegura que estas medidas reducirán el flujo migratorio y garantizarán la seguridad nacional.
Las políticas migratorias han generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Denuncias sobre condiciones inhumanas en los centros de detención han aumentado, especialmente en instalaciones gestionadas por empresas privadas. Además, migrantes han sido trasladados a la base naval de Guantánamo, generando preocupaciones sobre su trato y acceso a procesos legales adecuados.
El gobierno enfrenta dificultades logísticas para alcanzar las cifras de deportación prometidas. La saturación de centros de detención y la capacidad limitada de vuelos de repatriación han ralentizado los procesos. A pesar de los esfuerzos, la administración no ha logrado implementar plenamente su plan migratorio en el tiempo esperado.
Los inmigrantes sin estatus legal en EEUU, estimados entre 11 y 14 millones, están en una situación de incertidumbre. El endurecimiento de las redadas ha generado temor en comunidades latinas, con reportes de familias separadas y deportaciones abruptas.
