El gobierno cubano condenó este miércoles la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en febrero de 1996.
La declaración oficial fue difundida después de que las autoridades estadounidenses anunciaran cargos por conspiración para asesinar estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio contra el exmandatario cubano, de 94 años.
En su comunicado, titulado “Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la Revolución”, el gobierno comunista rechazó “en los términos más enérgicos” la imputación, calificándola como una “provocación política” sin legitimidad ni jurisdicción.
La Habana sostuvo que Washington manipula de manera “deshonesta” los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996 y volvió a defender el derribo como un acto de legítima defensa, cuyo resultado fue la muerte de Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales.
El régimen cubano insistió en que las avionetas operadas por Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo de la Isla con “fines hostiles”. Asimismo, calificó a la organización, radicada en Miami, como “terrorista”, una definición usada durante años por La Habana para justificar la acción militar, aunque el grupo era conocido por sus misiones de apoyo y localización de balseros cubanos en el estrecho de Florida.
En la declaración, el gobierno de Cuba afirmó que EEUU omite “verdades históricas” sobre el caso. Entre ellas, mencionó las supuestas más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que, según La Habana, ocurrieron entre 1994 y 1996.
El régimen indicó en el texto que presentó denuncias ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional a causa de las actividades de dicha organización.
Además, el texto afirma que se trasladaron mensajes de alerta directamente al presidente de EEUU sobre la gravedad de los hechos. Para La Habana, la inacción de Washington “demostraría complicidad con acciones violentas organizadas desde territorio estadounidense”.
La posición del régimen contrasta con la interpretación de las autoridades estadounidenses, que consideran el derribo como una acción deliberada contra aeronaves civiles.
La acusación contra Raúl Castro tiene un peso político particular porque, en 1996, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y uno de los principales responsables de la estructura militar cubana.
El gobierno cubano también acusó a EEUU de actuar con “cinismo” y de usar el caso como parte de una narrativa destinada a endurecer las sanciones contra la Isla. En el texto, La Habana vinculó la acusación con el “bloqueo energético”, las medidas coercitivas unilaterales y supuestas amenazas de agresión armada.
El comunicado cerró con una defensa política de Raúl Castro, a quien describe como “líder de la Revolución cubana”. También ratificó la “determinación” del régimen de ejercer el derecho a la legítima defensa y aseguró que el pueblo cubano respalda de manera “irrestricta e invariable” al exgobernante.
Según documentos a los que tuvo acceso Periódico Cubano, la acusación también incluye a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, pilotos presuntamente involucrados en la operación militar contra las aeronaves civiles.
En caso de ser encontrado culpable, Castro podría recibir cadena perpetua por el cargo de conspiración para asesinar estadounidenses, cinco años por destrucción de aeronaves y pena de muerte por homicidio.
