La Policía Nacional Revolucionaria decomisó más de 300 tabacos y una cantidad no precisada de cajas de cigarros Populares durante un operativo realizado esta semana en el Punto de Control de El Cristo, en la entrada de Santiago de Cuba.
Los productos eran trasladados en un vehículo particular y, según la versión oficial, sus ocupantes no pudieron demostrar su procedencia legal. El caso vuelve a mostrar una contradicción en el mercado cubano: mientras los consumidores enfrentan escasez de cigarros y precios elevados, el Estado mantiene una de sus industrias más rentables orientada al mercado internacional.
Los habanos cubanos son comercializados como productos de lujo y generan cientos de millones de dólares, pero esos ingresos no se reflejan de la misma manera en la vida cotidiana de la población.
Habanos S.A., empresa mixta controlada a partes iguales por la estatal Cubatabaco y la española Altadis, reportó ingresos récord de 827 millones de dólares durante 2024. La cifra representó un aumento del 16% en un año y estuvo impulsada principalmente por la demanda de compradores con alto poder adquisitivo en China y otros mercados asiáticos.
El negocio contrasta con las condiciones de los propios productores. Periódico Cubano ha documentado casos de campesinos de Pinar del Río que tuvieron que esperar casi un año para cobrar contratos de tabaco.
En 2019, productores denunciaron que los retrasos del gobierno afectaban incluso el pago de impuestos y sus necesidades básicas. La situación no desapareció con el tiempo.
En Sancti Spíritus, un reporte publicado en 2026 señaló que los pagos a los vegueros podían demorarse hasta 11 meses y que existía una deuda de cerca de cinco millones de pesos en incentivos vinculados al tabaco.
El mismo informe indicó que Tabacuba acumulaba una deuda superior a 100 millones de pesos con productores de la provincia durante tres campañas.
Mientras tanto, el gobierno continúa dando prioridad al cultivo porque necesita sus ingresos en divisas. En 2026, medios estadounidenses reportaron que La Habana destinó combustible, uno de los recursos más escasos del país, a ampliar plantaciones de tabaco en Ciego de Ávila.
El plan contemplaba 818,5 hectáreas, casi el doble de la campaña anterior. La prioridad resulta especialmente cuestionable en un país con una crisis alimentaria prolongada.
El propio gobierno cubano reconoció que Pinar del Río debe producir alimentos además de tabaco y admitió que la alimentación constituye uno de los principales problemas nacionales.
En esa provincia se llegaron a proyectar cerca de 13.000 hectáreas de tabaco, pese a la necesidad de diversificar la producción agrícola. La normativa oficial confirma, además, que el tabaco recibe un tratamiento preferencial por ser un producto destinado a la exportación.
Las reglas de contratación establecen que su producción debe ser priorizada para cumplir los compromisos de exportación, junto con otros productos generadores de divisas. En ese contexto ocurrió el decomiso de Santiago de Cuba. La mercancía, según la publicación oficialista que informó sobre el operativo, iba a ser vendida en el mercado informal.
El precio oficial de los cigarros Populares es muy inferior al que alcanzan en la calle, lo que crea un incentivo para desviar productos hacia ese mercado. El problema, por tanto, no se limita a quienes transportan mercancía sin documentos.
La escasez en las bodegas, el contrabando, los retrasos en los pagos a campesinos y la prioridad concedida a un producto de lujo forman parte de una misma contradicción: Cuba obtiene cientos de millones de dólares con su tabaco, mientras los productores pueden esperar meses para cobrar y buena parte de la población continúa enfrentando dificultades para conseguir alimentos y productos básicos.
