En medio de una creciente crisis económica, social y energética, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) comenzaron a tomar medidas drásticas contra los vendedores ambulantes que, día a día, buscan sobrevivir en las calles de Santiago de Cuba.
Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo los policías incautan productos de estos vendedores, quienes son arrestados de forma violenta mientras intentan ganarse la vida.
En los comentarios de los posts, cubanos expresaron su molestia y desacuerdo hacia este hecho. “Para eso sí tienen recursos, no falta mucho para que el pueblo cubano se llene de un coraje y valentía imparable y esos mismos abusivos saldrán corriendo sin la patrulla”, dijo un internauta llamado Edgar.
Por su parte, el usuario Alejandro Rodríguez comentó: “Decomisando lo poquito que venden en la calle, como si el gobierno vendiera, por eso estamos como estamos con este sistema del asco”.
Este contexto de represión ocurre mientras la crisis en Cuba se ve agudizada por factores internacionales, especialmente el endurecimiento de la política estadounidense hacia la Isla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba, argumentando que las acciones del régimen castrista representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.
La nueva medida emitida desde Washington aplica aranceles adicionales a los productos importados desde países que suministren petróleo a la Isla, como parte de un esfuerzo para presionar económicamente al régimen cubano.
En respuesta a la futura escasez de petróleo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció un conjunto de medidas que recuerdan la famosa “Opción Cero” que Fidel Castro implementó en la década de 1990.
El plan, que busca abordar la crítica situación económica y energética del país, prioriza la autarquía y la austeridad. En su discurso, Díaz-Canel insistió en que el pueblo cubano debe seguir sacrificándose, ya que “no es opción rendirse”.
El plan del régimen ya afecta gravemente a la población, con medidas como la paralización del servicio de transporte urbano en La Habana y la suspensión de las clases presenciales en las universidades de todo el país.
La Universidad de La Habana ha sido una de las primeras instituciones en adaptarse a las nuevas directrices del gobierno. Debido a la escasez de combustible, se ha decidido suspender el Congreso Universidad 2026 y trasladar las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU) a la modalidad semipresencial, que se implementará por 30 días a partir del 6 de febrero.
A medida que las condiciones de vida en Cuba empeoran, existe el riesgo de un nuevo estallido social, como el ocurrido el 11 de julio de 2021, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a exigir más libertades, democracias y respeto a los derechos humanos.
