Más de 87 leyes penales comenzaron a aplicarse en Florida desde el miércoles 1 de julio de 2026, tras ser aprobadas por la Legislatura y convertidas en normas durante la administración del gobernador Ron DeSantis.
El paquete incluyó la modificación de áreas como la violencia doméstica, la libertad bajo fianza, las restricciones a delincuentes sexuales y la explotación infantil mediante inteligencia artificial.
Las disposiciones tendrán impacto directo sobre millones de residentes, incluida la amplia comunidad cubana establecida en Miami, Tampa, Orlando y otras ciudades del estado.
Condenados por crímenes peligrosos
La HB 445, conocida como Ley de Missy, elimina la posibilidad de que una persona declarada culpable de determinados delitos peligrosos continúe libre mientras espera sentencia. El juez deberá ordenar su ingreso inmediato en prisión, incluso cuando el acusado pretenda apelar el fallo.
La medida, firmada por DeSantis el 2 de abril, incluye homicidios, abusos contra menores, agresiones sexuales y delitos vinculados con explotación infantil.
La norma honra a Melissa “Missy” Mogle, una niña de cinco años presuntamente asesinada en 2025 por su padrastro. El acusado permanecía bajo fianza mientras aguardaba sentencia por un delito sexual anterior. DeSantis calificó lo ocurrido como “totalmente prevenible, un fracaso del sistema de justicia”.
Otra reforma, la HB 277, aumenta en un grado la clasificación penal de una segunda o posterior condena por violencia doméstica. También reduce los antecedentes necesarios para convertir en delito grave una nueva violación de una orden de protección.
La legislación establece programas piloto de vigilancia electrónica en el condado de Pinellas y el Sexto Circuito Judicial. Los tribunales podrán imponer dispositivos GPS a ciertos agresores cuando exista una orden de no contacto o pruebas claras de peligro para la víctima.
La ayuda para reubicación sube de 1.500 a 2.500 dólares por reclamación. El límite acumulado aumenta de 3.000 a 5.000 dólares. Las amenazas contra mascotas también podrán considerarse al decidir una orden de alejamiento.
La SB 296, por su parte, exige un estudio sobre la viabilidad de una plataforma digital que permita a víctimas de violencia doméstica enviar una alerta discreta al 911. Las autoridades deberán presentar sus conclusiones antes del 31 de enero de 2027.
Más restricciones y penas por explotación de menores
La SB 212 prohíbe a determinados delincuentes sexuales residir a menos de 1.000 pies, unos 305 metros, de escuelas, guarderías, parques, áreas de juego y piscinas públicas. La regla afecta a condenados por delitos contra menores de 16 años cometidos desde el 1 de julio de 2026 y a quienes cambien de residencia después de esa fecha.
Los agentes podrán detener sin orden judicial a quienes incumplan varias de estas restricciones en lugares frecuentados por niños.
La HB 1159 eleva a delito grave de segundo grado la creación o transmisión de material de abuso sexual infantil generado por computadora. También establece penas mínimas obligatorias y permite cadena perpetua por la utilización agravada de un menor de 12 años en una actuación sexual.
Asimismo, la HB 245 reemplaza en las leyes estatales la expresión “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”, con el propósito de destacar que esas imágenes representan la documentación de un delito y la victimización de un menor.
