El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos planea invertir hasta 20 millones de dólares para equipar a sus agentes con guantes de descargas eléctricas que someterán a personas durante los arrestos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que prevé abrir la convocatoria de contrato público para adquirir miles de estos dispositivos, denominados G.L.O.V.E.
La agencia migratoria distribuirá la tecnología a sus unidades operativas antes del 31 de marzo de 2027 para agilizar las detenciones en las calles estadounidenses. La medida desató el rechazo inmediato de organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país.
Los equipos emisores de bajo voltaje transmiten descargas continuas de hasta 380 voltios directamente sobre la piel de la persona al presionar un interruptor. El mecanismo produce un estímulo doloroso que inhabilita el movimiento del sospechoso en tres segundos.
Las autoridades gubernamentales destinarán las herramientas al personal de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambas divisiones realizan patrullajes conjuntos en barrios residenciales y zonas laborales.
La empresa fabricante Compliant Technologies, radicada en Kentucky, defiende la efectividad del producto como una alternativa no letal para neutralizar la resistencia física.
La compañía asegura que la estimulación eléctrica no deja marcas, quemaduras ni cicatrices permanentes sobre el cuerpo. Sin embargo, el uso de estos instrumentos exige que cada agente apruebe un curso de capacitación y renueve la certificación operativa cada dos años. La firma sostiene que la herramienta desescala conflictos en situaciones de alta tensión.
Grupos activistas por los derechos civiles denuncian que los oficiales dispondrán de una herramienta para infligir dolor severo con extrema facilidad.
Las críticas aumentaron debido a incidentes recientes donde agentes migratorios hicieron uso excesivo de la fuerza contra civiles manifestantes en Minneapolis. Portavoces comunitarios advierten que el dispositivo permite agresiones encubiertas que dificultan la supervisión externa durante los operativos de calle. La vulnerabilidad de los indocumentados aumenta ante la proliferación de estas tácticas.
“El ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón”, declaró la subdirectora del proyecto de vigilancia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Jenn Rolnick Borchetta.
La especialista advirtió sobre la falta de visibilidad del interruptor al momento de ejecutar la acción. Diversas entidades legales evalúan demandas presupuestarias para frenar la licitación federal.
El ICE dispone de un presupuesto anual de 37.500 millones de dólares asignado para consolidar su presencia operativa. La institución fortalece sus capacidades técnicas para cumplir la meta de ejecutar alrededor de 2.000 detenciones diarias a nivel nacional.
La administración federal respalda la incorporación de equipos tácticos para acelerar los procedimientos de expulsión territorial. Las patrullas intensifican sus despliegues en urbes con alta presencia de migrantes hispanos.
La agencia gubernamental combina los guantes eléctricos con herramientas digitales de rastreo masivo. La aplicación Mobile Fortify utiliza reconocimiento facial e inteligencia artificial para escanear rostros e identificarlos con bases de datos biográficas.
Las patrullas emplean este software en teléfonos corporativos para verificar identidades durante las redadas urbanas. El procedimiento agiliza la clasificación de personas indocumentadas en la vía pública.
La policía migratoria utiliza además el programa Webloc para geolocalizar teléfonos móviles sin requerir una orden judicial previa. La herramienta compra datos de aplicaciones comerciales instaladas en los dispositivos para trazar mapas de ubicación precisos.
El sistema determina los lugares donde duermen, trabajan o transitan los ciudadanos de interés para la agencia. La vigilancia digital abarca vecindarios enteros mediante la interceptación de señales móviles.
Representantes de comunidades hispanas en el exterior recomiendan a la población latina mantener la calma y conocer sus derechos fundamentales en Estados Unidos. Asesores legales sugieren llevar identificación válida, evitar confrontaciones físicas con los oficiales y registrar la presencia de testigos durante las intervenciones.
Las redes de apoyo comunitario aconsejan solicitar la representación de un abogado en caso de arresto. La orientación legal preventiva resulta clave para contrarrestar abusos de autoridad. La adquisición de estos guantes representa la mayor venta corporativa en la historia de la firma proveedora de Kentucky.
🇺🇸LO ÚLTIMO: ICE gastará más de 20 millones de dólares en “guantes de choque” 🧤⚡️ para ayudar a desescalar enfrentamientos con inmigrantes ilegales.pic.twitter.com/TjFByOUcZw
— El Tuca (@TuckerGringo) August 13, 2026
La diáspora venezolana, cubana y colombiana expresa preocupación por la intensificación de las medidas de control en las ciudades refugio.
Los colectivos organizados distribuyen guías de seguridad a través de plataformas digitales para alertar a los trabajadores informales.
Las organizaciones civiles monitorean las zonas de trabajo diario para registrar eventuales irregularidades en los arrestos. La vigilancia comunitaria busca visibilizar los abusos en los barrios latinos.
Las unidades de deportación continuarán utilizando armamento convencional mientras el fabricante entrega los primeros lotes del equipo eléctrico. Las patrullas fronterizas incrementarán su capacidad de despliegue antes de culminar el año fiscal. El debate sobre el uso de la fuerza en la política migratoria sigue abierto.
