Exfuncionarios electos de Doral habrían recibido pensiones vitalicias y beneficios de salud con un costo cercano a 600.000 dólares anuales para la ciudad, según declaraciones de Rafael Piñeyro, vicealcalde y concejal del Doral.
En entrevista con el periodista Juan Manuel Cao, se detalló el intento de la actual administración local de eliminar ese sistema desde 2023.
El caso expone una polémica fiscal en una ciudad de Miami-Dade con más de 86.000 residentes, donde las autoridades actuales defienden la revocación de pagos aprobados en gestiones anteriores por considerar que generan una carga injustificada para los contribuyentes.
De acuerdo con la explicación ofrecida, el esquema permitía que un funcionario electo con 8 años o más en el cargo calificara para una pensión de por vida basada en su último salario.
La medida beneficiaba a antiguos miembros del gobierno local, pese a que ya no ejercían funciones públicas.
Piñeyro cuestionó que un cargo de servicio comunitario pudiera derivar en pagos permanentes financiados por residentes que enfrentan altos costos de vida en el sur de Florida.
Entre los ejemplos citados, se mencionó que un exconcejal recibía una mensualidad de 9.000, además de seguro médico para él y su familia. Ese beneficio de salud representaba cerca de 30.000 dólares mensuales para la ciudad. También se afirmó que un exalcalde cobraba alrededor de 8.100 dólares al mes sin ocupar ya el cargo, más seguro de salud y de vida con cobertura familiar.
El costo total, según la entrevista, alcanzaba casi 600.000 dólares al año para apenas cinco personas. En una proyección de 10 años, la carga superaría los seis millones de dólares.
Otro aspecto cuestionado fue el carácter retroactivo del plan, pues se revisaron 20 años de historia de Doral para incluir a exfuncionarios que hubieran acumulado al menos 8 años en posiciones electivas.
La actual administración prometió en campaña eliminar esas pensiones. Durante los primeros seis meses de 2023 trabajó con su equipo legal para revocarlas, y entre junio y julio de ese año quedaron canceladas.
Sin embargo, cuatro de las cinco personas beneficiadas demandaron a la ciudad, por lo que el litigio seguía activo. La discusión central es si los políticos deben poder aprobarse a sí mismos salarios, pensiones y beneficios futuros.
Otro punto señalado fue una cláusula que permitía transferir beneficios a la familia durante 10 años después de la muerte del funcionario electo. El entrevistado comparó ese privilegio con la realidad de residentes que trabajan más de 30 años y deben esperar hasta los 62 años, aunque luego se indicó que la edad se cambió a 60, para recibir prestaciones que muchas veces no alcanzan para vivir.
El funcionario defendió que un electo activo pueda recibir un plan tipo 401(k), pero rechazó que la ciudad siga pagando beneficios una vez concluido el servicio público.